El Concello envió ya al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña el expediente sobre las obras de construcción de la sala de fitness de La Solana, a consecuencia de la presentación por parte de la empresa que explota el recinto, Metropolitan Spain, de un recurso contra la paralización de esos trabajos. Hace ya catorce meses que el proyecto está detenido por orden municipal, ya que el Gobierno local ordenó en diciembre de 2015 su interrupción al descubrir que las estructuras instaladas no se correspondían con las que habían sido aprobadas mediante la licencia municipal que le fue concedida en el año 2013.

Metropolitan Spain recibió en aquel momento la orden de reformar lo construido para adaptarlo al proyecto inicial, a lo que la empresa alegó que en toda obra se producen variaciones durante su ejecución y que lo habitual es recogerlas en un proyecto modificado que se presenta al concluir la actuación. Este argumento no convenció a los responsables municipales, que exigieron de nuevo a la compañía que remodelase lo que había instalado, aunque Metropolitan insistió de nuevo en esta vía para intentar reanudar los trabajos.

Ante la segunda negativa municipal a esta petición, que les fue comunicada el pasado 18 de octubre, los responsables de La Solana optaron por acudir a los tribunales para presentar un recurso contencioso-administrativo, lo que demorará todavía más la resolución de este conflicto. La denuncia de un ciudadano, quien sospechó que la altura de la estructura levantada sobre las antiguas pistas de tenis del complejo era más alta de lo permitido, fue el origen de esta controversia. El denunciante temía que la sala de fitness dificultase la contemplación de las murallas de la ciudad desde el paseo marítimo, aunque la inspección efectuada por los técnicos municipales comprobó que la altura de la estructura se ceñía a la que figura en la licencia, en la que se preveía la puesta en funcionamiento de esta sala en marzo del año pasado.

Pero los funcionarios descubrieron que la longitud de la estructura principal es más reducida de lo previsto, por lo que se modificó la disposición de las vigas y los pilares que la sustentan. También se apreció que en lugar de pórticos de madera laminada, en la construcción de este recinto se emplearon unos metálicos, así como que el volumen total de la edificación varía con respecto a lo que se había proyectado.

Estas modificaciones implican, según el Concello, que la gestora de las instalaciones debe adaptar lo construido a la licencia de 2013, decisión que Metropolitan no comparte, por lo que ahora intenta que los tribunales le den la razón. Además del ciudadano que denunció las obras, en el expediente también está personada la asociación de vecinos de la Ciudad Vieja, con el fin de tener conocimiento sobre el desarrollo de estos trabajos.

Tras presentarse la denuncia a finales de 2015, el Concello descubrió que la obra no tenía autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio, aunque la Xunta aclaró que no era necesaria al haberse realizado en 2006 un estudio de detalle de la zona. El organismo informó además que es el Concello quien debe autorizar la obra y verificar si cumple la normativa urbanística específica para el casco antiguo.