La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe en el que se respalda la última sentencia de la Audiencia Nacional, que da el visto bueno al ERE de General Dynamics de 2013, con el que se cerró la fábrica de armas de A Coruña, despidiendo a un total de 172 trabajadores. El informe considera "improcedentes" los recursos presentados contra esta sentencia por los sindicatos UGT, CIG, CCOO, CGT, CSIF y por el comité de empresa, a quienes acusa de "construir una nueva sentencia a su medida" haciendo uso de "un sinfín de pretensiones modificativas de los hechos probados".

Los representantes sindicales alegaban, básicamente, que la propia sentencia de la Audiencia Nacional incluía frases que probaban la improcedencia del despido, como por ejemplo una en la que se decía "el panorama descrito seguramente acarrearía la nulidad del despido por omitir información del todo pertinente para la eficaz negociación". A juicio de la Fiscalía del Supremo, la Audiencia reconoce errores en la tramitación pero, a continuación, "se argumenta por qué esa presunta nulidad queda desvirtuada por existir elementos probatorios contundentes".

El informe también señala que el ERE finalmente realizado beneficiaba a los trabajadores con respecto al inicial al reducirse la cifra de despedidos de 693 a 593, de los cuales un 77% se cubrieron con bajas voluntarias. El sindicato CIG recordó ayer a través de un comunicado que muchos de estos despidos voluntarios no fueron tal, como ocurrió en la fábrica coruñesa, donde muchos operarios se acogieron a las bajas incentivadas al no tener la posibilidad de continuar en la factoría, para la que ya se había decretado su cierre.

Tras el cierre el julio de 2013 de la fábrica, y después de meses de encierro y movilizaciones por parte de algunos extrabajadores, el Ministerio de Defensa abrió un concurso público para adjudicar de nuevo la gestión, que fue ganado por la empresa Hércules de Armamento. La concesionaria, que actualmente sigue al frente de la factoría, vive inmersa en una crisis de viabilidad casi desde el comienzo, al no lograr carga de trabajo. La dirección de la firma vincula su futuro a la entrada de un posible socio inversor que, después de meses de anuncios, no da llegado. El único nombre que saltó a la palestra ha sido el de la empresa madrileña Mecanizados Escribano, que reclama a la Xunta apoyo económico para cerrar la operación dado el elevado volumen de la deuda de Hércules.