El informe jurídico encargado por el Gobierno local sobre la consulta popular que pretende convocar sobre el futuro de los muelles de la ciudad determina que esa iniciativa deberá ser autorizada por el Ejecutivo central. En caso de que reciba luz verde, la consulta tendrá que ser convocada por la Xunta mediante un decreto y llevada a cabo entre los treinta y los sesenta días siguientes a la publicación de esa orden.
Esta tramitación deja en manos del Gobierno del Estado la última palabra sobre la celebración de la consulta, que el Gobierno local está decidido a poner en marcha, aunque para ello también precisa de un acuerdo del pleno municipal por mayoría absoluta, que no está garantizado a la vista de las posturas reflejadas ayer por los partidos sobre la moción presentada por Marea Atlántica y el BNG para respaldar su realización.
El informe jurídico, que se completará con otro solicitado al secretario municipal, expone que la ordenación urbanística del borde litoral constituye una "competencia municipal propia", para las que la ley ampara la convocatoria de consulta popular, pero está "condicionada" por la presencia de Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, y los convenios firmados por otras administraciones, como la Xunta. "Esta situación puede dar complejidad a la formulación de la pregunta o preguntas que pretendan someterse a la consulta popular", concluye la asesoría jurídica.
La moción, que fue aprobada únicamente con los votos de Marea y BNG, apoya la convocatoria de una manifestación el 7 de mayo y de una consulta popular en la que se reclame la opinión de los coruñeses sobre la devolución gratuita de los muelles, La Solana y el hotel Finisterre, la cárcel y los solares de Defensa en A Maestranza, todas ellas reivindicaciones de la Comisión Aberta en Defensa do Común.
"El Estado trabaja con la ciudad como si fuera una inmobiliaria", proclamó el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. El edil tachó de "lastre" los convenios firmados en 2004 por el Gobierno socialista de Francisco Vázquez, que prevén la venta de los terrenos portuarios para financiar la dársena exterior.
La popular Rosa Gallego, cuyo grupo votó en contra, tildó de "brindis al sol" la solicitud de la consulta, ya que recordó que se inició un proceso de negociación sobre el destino de los muelles y que el Puerto suspendió durante seis meses la subasta de La Solana y el hotel Finisterre. La portavoz del PP aseguró que ayer mismo el Gobierno local informó a la oposición de que es posible que el Estado niegue la convocatoria de la consulta porque aborda un asunto que no es competencia del Concello, y abogó por un acuerdo entre todos los grupos municipales para favorecer la negociación con Puertos del Estado.
Los socialistas decidieron abstenerse pese a ser partidarios de la celebración de la consulta, aunque no del momento elegido. El portavoz del PSOE, José Manuel García, consideró que la consulta afectaría de un modo negativo a la negociación entre el Concello, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, así como que se generarían "frustraciones innecesarias" si no se cumplieran las exigencias planteadas por los ciudadanos mediante la votación. García advirtió que "hay tiempo y espacio para una consulta popular que legitime la posición de nuestros negociadores".
La nacionalista Avia Veira respaldó la moción al considerar que el Gobierno local debe "apoyarse en la movilización ciudadana y la consulta" para demandar la recuperación de los terrenos portuarios sin coste alguno y calificó la participación popular como un "elemento fundamental de la democracia".
