El proyecto de dragado de la ría de O Burgo lleva estancado en los trámites de impacto ambiental tres años y cuatro meses. El proceso comenzó el 22 de octubre de 2013, con la solicitud de la evaluación de impacto ambiental. Empezó a buen ritmo, ya que al mes siguiente se iniciaron las consultas previas sobre el alcance del estudio y, entonces, se cumplieron los plazos marcados, que eran de tres meses desde la recepción de la solicitud y del documento inicial del proyecto. Esta fase se cerró el 15 de abril de 2014.

En la segunda etapa de la tramitación, el proceso empezó a torcerse. Había un plazo de 18 meses para iniciar el Estudio de Impacto Ambiental y para recibir alegaciones y para estudiarlas, de modo que se pudiese formalizar la Declaración de Impacto Ambiental.

El 11 de diciembre de 2015, salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a tan solo nueve días de las elecciones generales, el proyecto de dragado de la ría de O Burgo.

El 11 de diciembre de 2015, salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) En este documento se preveía que la ejecución de las obras costaría unos 46,3 millones de euros -con tasas e impuestos- y que se realizarían en un plazo de 21 meses.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recibió el expediente el 29 de junio de 2016. En este punto, pasadas las elecciones del 20 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente concedió una prórroga de nueve meses para la exposición pública del proyecto, de modo que el 21 de julio se señalaba como fecha para que se conociese la redacción definitiva del dragado. Esta prórroga contrastaba con la que no se le concedió a las administraciones que pedían quince días más para poder estudiar y formular sus requerimientos al plan, ya que el plazo de alegaciones comenzaba a mediados de diciembre y acababa el 19 de enero y, por lo tanto, coincidía con las vacaciones de Navidad.

Ahora, el proceso está en su tercera fase. En teoría, según consta en la web del Ministerio de Medio Ambiente, este tercer paso tendría que durar tres meses y es el de la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental. Este proceso está en curso y, según fuentes ministeriales, todavía no se ha terminado, ya que el Ministerio ha solicitado más información a Augas de Galicia y a la Subdirección General de Residuos para completar su informe. El último paso es el de la publicación y autorización del proyecto, algo para lo que todavía no hay fecha, a pesar de que el Estado dijo en enero de 2016 que preveía "reducir al máximo" los tiempos de resolución de alegaciones.