Las grandes ausentes en los convenios nominativos de este año son las asociaciones comerciales, que pierden el convenio de 126.500 euros que el año pasado se había entregado a la Federación de Unión de Comercio Coruñesa (FUCC) con el objetivo de que fuese ella quien a posteriori repartiese los fondos entre sus entes asociados. Este año, estos convenios discrecionales serán repartidos por una línea de subvenciones de 126.500 euros que, en lugar de asignarse a dedo, estarán sujetas a un proceso de concurrencia competitiva. Desde el Gobierno consideran que este modelo es más justo que el empleado en el anterior mandato del PP, en el que cada asociación de comerciantes venía recibiendo de media 4.000 euros, independientemente del tipo de proyecto que realizase.
Los populares consideran una "incongruencia" esta medida del Ejecutivo ya que, dicen, al mismo tiempo que se implanta una línea de subvenciones por concurrencia competitiva se otorgan convenios nominativos con entidades "afines" al Gobierno, como Arquitectos Sin Fronteras (ASF) o la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH). ASF pasa de 55.000 a 95.000 euros porque este 2017 se le ha encargado la gestión de la "transición a un hábitat digno" a las personas residentes en asentamientos precarios de la ciudad, mientras que la CRMH mantiene los 7.000 euros que recibía en 2016 para costear su actividad. En 2015 no contaba con ningún tipo de convenio.
"Muchas de las órdenes de subvenciones que se están abriendo son los propios asesores del Gobierno los que valoran y no se hacen públicos ni los criterios ni la puntuación", aseguran desde el PP. Los populares piensan que los convenios a estas entidades son "irrenunciables" para garantizarles un mínimo funcionamiento y que no deberían competir entre ellas para lograr financiación.
Tampoco ve con buenos ojos la medida el PSOE, que considera que estos convenios son el resultado de "décadas de complicidad" entre el Concello y las entidades del tercer sector, "gobierne quien gobierne". "No podemos pretender hacer parecer ahora que las ayudas municipales son asignaciones de carácter parcial de ninguna formación política", aseguran.
Los socialistas denuncian que el nuevo modelo de gestión de las ayudas a los colectivos sociales ha llevado al Gobierno a contratar a una empresa para gestionar el nuevo albergue municipal habilitado en el centro cívico de Monte Alto, algo que, consideran en el PSOE, deberían haber encargado a alguna institución benéfica de la ciudad, como Padre Rubinos. "El coste del proyecto multiplica por cinco las ayudas que reciben por el mismo concepto entidades como Padre Rubinos. Pero con una singularidad, Padre Rubinos además del apoyo psicosocial que les brinda a los sin techo, les ofrece una atención integral, con desayuno, comida y cena", reprochan.
El BNG, por su parte, entiende que los convenios solo deben usarse para financiar proyectos concretos ofertados por entidades asociativas o administraciones y, para el resto, apuesta por las subvenciones reguladas de acuerdo a unas bases públicas. "Lo más transparente y abierto son las subvenciones porque permiten participar a las entidades que cumplan los requisitos y porque con ellas siempre existe el derecho a reclamación cuando una entidad no esté de acuerdo con la resolución, algo que no ocurre con los convenios", señalan desde el Bloque. Sí creen los nacionalistas que estas bases no deben ser elaboradas solo por el Gobierno local, sino que tienen que contar con la participación del tejido asociativo.
En otras áreas, el Gobierno también apuesta por el sistema de subvenciones por concurrencia. En Cultura, por ejemplo, se repartirán 100.000 euros para ayudas para que asociaciones vecinales realicen fiestas en los barrios, otros 100.000 euros para entidades de arraigo, o 750.000 euros, en el marco del programa Activa o Deporte, para asociaciones deportivas que deseen desarrollar algún tipo de actividad.
