El plazo para solicitar la renta social municipal se abrió el 30 de septiembre del pasado año. Exactamente seis meses después, 24 vecinos ya cobran esta prestación, con la que el Concello pretende ofrecer un colchón económico a aquellas personas en situación de exclusión social, o en riesgo de estarlo, que no reciben ni la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) ni ningún tipo de ayuda similar.

Del total de 260 solicitudes que se han recibido a lo largo de este medio año, otras 56 peticiones ya han recibido el visto bueno de los técnicos de la Concejalía de Xustiza Social e Coidados, según informan fuentes municipales.

A falta de que se apruebe de forma definitiva el presupuesto de 2017, el Gobierno contaba en las cuentas de 2016 con 861.000 euros para esta prestación, si bien inicialmente la cuantía reservada era de tres millones de euros. El Gobierno decidió reducir los fondos para la renta en octubre, en vista de que la partida no se iba a ejecutar al completo por falta de tiempo, ya que los presupuestos tardaron medio año en aprobarse y solo había tres meses para presentar solicitudes. Los 1,2 millones de euros retraídos se usaron para pagar parte de la deuda acumulada desde hace años por la empresa municipal de vivienda (Emvsa).

Para aprobar la ordenanza reguladora de este subsidio, el Gobierno municipal también tuvo que esperar, hasta mayo de 2016, a que la Xunta aprobase la Lei de Economía Social de Galicia, en la que se permitía a los ayuntamientos conceder prestaciones como la Risga, que hasta ese momento solo podía entregar el Gobierno autonómico.

El subsidio está pensado para que personas en situación de exclusión puedan hacer frente a necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento -hipoteca o alquiler-, siempre y cuando la vivienda esté en el término municipal de A Coruña. Los beneficiarios deberán participar en unos itinerarios específicos de formación con el fin de lograr salir de su situación de exclusión, así como acreditar periódicamente el uso que hacen del dinero, que se les ingresará en una cuenta bancaria.

Según la ordenanza, este ingreso equivaldrá al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros mensuales, y se incrementarían en un 25% por cada miembro de la unidad familiar solicitante. La ayuda solo podrá otorgarse durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. A partir de ahí, serán los servicios municipales los que juzgarán si procede continuar o no otorgando la prestación al beneficiario. Los vecinos que tengan sin saldar deudas tributarias con la administración o con la Seguridad Social también se podrán beneficiar de la renta social.

El Gobierno local de la Marea Atlántica recalcó desde un inicio su intención de cubrir con este problema las deficiencias de la Risga. Los datos más recientes que manejaba el Ayuntamiento en el momento de la aprobación de la ordenanza sobre denegaciones de la Risga en A Coruña se remontan a 2014. Entonces, de 783 solicitudes realizadas, un total de 393 fueron rechazadas o archivadas. A nivel autonómico el índice de denegaciones de aquel ejercicio había ascendido al 50,14%. Para 2015, el informe asegura que había en la ciudad 1.140 Risga activas, si bien no hay datos del número de denegaciones.