La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha decretado el archivo del caso contra el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, señalado como "conseguidor" de contratos públicos por Gerardo Crespo, supuesto cabecilla de la presunta trama coruñesa dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas a cursos de formación para parados y discapacitados. La juez atribuyó al empresario, en enero del año pasado, la condición de investigado -figura judicial que sustituye a la de imputado- por un delito de tráfico de influencias, dentro de la operación Zeta, en la que hay 55 sospechosos, entre ellos empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PSOE, el BNG y el PP.

Tanto Crespo como los grupos de la oposición del Parlamento gallego señalaron a Pachi Lucas como "amigo íntimo" del presidente de la Xunta. Núñez Feijóo destacó durante una intervención en el Parlamento en la que el PSOE le preguntaba por su supuesta amistad con Lucas que fue el Gobierno del PP el que denunció las actividades del entramado empresarial de Crespo, al tiempo que recalcó que la Xunta de PSOE y BNG le concedió subvenciones públicas millonarias al empresario coruñés.

La juez instructora de la Zeta argumenta en el auto notificado ayer que no se ha podido concretar durante la investigación las "relaciones que pudieran existir" entre Pachi Lucas y "las autoridades o funcionarios públicos con capacidad resolutiva en los expedientes que afectaban a Gerardo Crespo". La titular de Instrucción 6 especifica que carece de "datos objetivos" que permitan establecer que esas relaciones, "de existir", fueran "de tal naturaleza que el investigado pudiera, desde tal posición, condicionar el sentido de sus resoluciones" en la "forma y el modo" que exige la jurisprudencia para ser imputado por tráfico de influencias. Así, destaca que la doctrina deja fuera de ese tipo delictivo "aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a actos de trámite, informes, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc., que no constituyen resolución en sentido técnico, aún cuando se trate de conductas moralmente reprochables y que pueden constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos".

En el delito de tráfico de influencias, tal y como subraya la juez en el auto, "late siempre un interés espurio" por ejercer la influencia o presión moral sobre el funcionario o autoridad que debe dictar determinada resolución con la finalidad de introducir en su motivación "elementos ajenos a los intereses públicos". La acción, por tanto, tiene que estar dirigida a conseguir una resolución beneficiosa, algo que no se ha podido acreditar en el caso de Pachi Lucas. La titular de Instrucción 6 insiste en que quedan fuera del ámbito de este tipo penal, "aunque se ejerza presión indebida", aquellas conductas dirigidas "no a obtener una verdadera resolución, sino actos de trámite, consultas, dictámenes, etc.".

La instructora retomó a finales de 2016, tras año y medio, las declaraciones de algunos de los 55 investigados en la Zeta, entre ellos Gerardo Crespo y Eliseo Calviño. Las entidades implicadas, según figura en el sumario, recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias, principalmente de la Xunta y el Estado. Solo del Gobierno gallego se embolsaron alrededor de 15 millones. Crespo defendió ante la juez que realizó todos los cursos de formación para desempleados y discapacitados para los que consiguió ayudas públicas. El investigado por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental, que pueden derivar en delitos de prevaricación y corrupción, alegó que la ejecución de los programas destinados a fomentar el empleo fue validada por la Xunta.