Pablo Sánchez

Por rechazo institucional, que hace que la persona sin hogar se muestre contraria al uso de los recursos y prestaciones sociales que ofrecen las entidades de ayuda. Porque la persona cuestiona subjetivamente el funcionamiento del recurso en lo relacionado con las normas y los horarios. Por la pérdida de autonomía que esa persona experimenta al asumir una prestación que implica unos compromisos. Y por la presencia de enfermedades mentales o adicciones activas, a veces las dos al mismo tiempo.

2. ¿Qué medidas deben tomar las entidades ante quien vive en la calle y rechaza asistencia y prestaciones?

Por un lado, los servicios y recursos deben adaptarse a las características del colectivo desde un criterio metodológico de baja exigencia, que consiste en la facilidad de acceso a la utilización del servicio. No debemos confundir el concepto de baja exigencia con la ausencia de normas, pautas u horarios ni con la tolerancia llevada al extremo. Por otro lado, para poder trabajar con personas sin hogar en situación de exclusión social y desconectadas de la sociedad, son necesarias acciones proactivas en las que los recursos se acerquen a la persona.

3. Además de un techo bajo el que dormir, ¿qué ventajas cree que aporta el proyecto Mi Casita?

El contexto institucional permitirá realizar con la persona sin hogar el seguimiento imprescindible en todo proceso de inclusión social, al mismo tiempo que la persona tendrá la oportunidad de autogestionar su vida al tener un alojamiento estable con connotaciones normalizadoras. El diseño de los módulos favorece además el proceso de cambio.

4 ¿Qué mensaje se debe transmitir a vecinos que rechazan que ´sin techos´ se alojen cerca de sus casas?

Tal como está configurada la actual estructura social, cualquier ciudadano se puede ver inmerso en un proceso de exclusión social. En la Cocina Económica hemos visto muchos casos de gente que nunca se les pasó por la cabeza la idea de tener que vivir en la calle.