La Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada hoy ha aprobado una reorganización de la labor municipal que atribuirá más poder a dos de los miembros del Ejecutivo, a quienes el alcalde, Xulio Ferreiro, transferirá dos importantes competencias que hasta ahora gestionaba él de forma directa, ya que inició el mandato con un elevado número de responsabilidades en diferentes áreas de gestión. El responsable de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, asumirá a partir de ahora la contratación de obras y servicios por valor de hasta 300.000 euros y cuya duración no supere los cuatro años.

Lema será también el encargado de la venta, adquisición y alquiler de inmuebles por valor de hasta 300.000 euros, siempre que los que sean de propiedad municipal y se enajenen no tengan carácter histórico. Otro miembro del Gobierno local verá también incrementadas sus atribuciones, ya que Rocío Fraga, titular del departamento de Igualdade e Diversidade, se hará cargo del importante área de Seguridad Ciudadana, del que dependen la Policía Local, los bomberos y Protección Civil.

Papel destacado

Esta asignación por parte de Ferreiro confiere a Fraga un papel mucho más destacado en el organigrama municipal, en el que deberá responsabilizarse de uno de los cometidos con mayor impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Cuando en junio de 2015 Marea Atlántica dio a conocer la distribución entre sus concejales de las competencias sobre la gestión municipal, el alcalde se hizo cargo de departamentos como la oficina presupuestaria, que poco después traspasó a la dirección del Área de Facenda, aunque también se responsabilizó de la asesoría jurídica, la política de juventud, que más tarde delegó en la concejal Claudia Delso, y la seguridad ciudadana, esta última bajo la coordinación de Carlos García Touriñán, quien ahora pasará a depender de Rocío Fraga.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado además la delegación en los concejales de un gran número de actos administrativos, aunque las licencias urbanísticas de proyectos que superen el presupuesto de 1,2 millones de euros y la resolución de los expedientes de caducidad de las mismas continuarán siendo competencia de ese órgano municipal. También podrán los ediles aprobar proyectos de obras y servicios con un coste inferior a 300.000 euros y administrar bienes municipales por valor de hasta 60.000 euros.