El Gobierno ordena al Concello retirar una bandera republicana

La Subdelegación del Gobierno ha reclamado al Concello que retire la bandera republicana que desde el pasado 14 de abril permanece colgada en la fachada de la Casa Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas. El Gobierno municipal había elegido esta fecha, en la que se celebraba el 86 aniversario de la proclamación de la Segunda República, para hacer ondear la enseña tricolor en recuerdo de "los hombres y mujeres que hicieron posible" aquel periodo, que el Ejecutivo define como "una etapa de cambio y de derechos que fue truncada por el golpe fascista".

La Subdelegación reclama ahora la retirada de la bandera ya que, a su juicio, incumple la Ley 39/1981, que en su artículo 3.2 establece que la actual bandera de España es la que debe ondear y ser exhibida "en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado". En el requerimiento de retirada se señala que, al tratarse la Casa Museo Casares Quiroga de un edificio público, no podrá exponerse ninguna bandera no oficial "ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil".

Fuentes del Gobierno municipal aseguran que, pese a la advertencia de la Subdelegación, está previsto mantener en el edificio la bandera republicana, que fue colocada como homenaje a aquel periodo histórico y en un inmueble que, precisamente, recuerda al que fue presidente de aquella República en los meses previos al golpe militar, el gallego Santiago Casares Quiroga.

La persecución de esta símbolo en edificios públicos no es un caso extraordinario de A Coruña. En Cádiz, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ordenó al ayuntamiento la retirada de una enseña tricolor de la Plaza de la Constitución. La Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana también envió una carta a todos los municipios valencianos en los días previos al 14 de abril para avisar de que, en caso de colocar la enseña con la franja morada, se tramitaría un contencioso judicial por su ilegalidad.