Marea Atlántica afronta un trámite crucial para encarar este año: la entrada en vigor, o no, del presupuesto municipal. La aprobación inicial de las cuentas por la vía de la cuestión de confianza, porque el acuerdo únicamente con el BNG le abocaba a perder la votación en el pleno, condiciona ahora la ratificación definitiva. Este camino limita al máximo las alegaciones que pueden ser aceptadas, pero sin llegar a cerrar por completo a la oposición la vía para cambiar las cuentas del Gobierno local. PP y PSOE lo hicieron con el presupuesto de 2016. Sus declaraciones de ayer, en las que cada uno defendió las alegaciones que rechaza el Gobierno, abocan a Marea a sufrir el mismo trance con las cuentas de 2017.
El interventor general del Ayuntamiento, en su informe sobre las alegaciones, concluye que la mayoría de las reclamaciones debe ser desestimada por incumplir los supuestos que la ley permite para aceptarlas. En cambio, advierte de que tres alegaciones -dos del PP y una del PSOE- son "más dudosas"; sostiene que unas no están justificadas y que sobre otras no se puede emitir un dictamen concluyente. Debe ser el pleno, donde Marea Atlántica no goza de mayoría absoluta, el que decida. Sí estima la petición socialista de añadir 1,63 millones de euros a la partida del bonobús, que se destinará a abonar facturas de final de 2016.
Ante esta resolución de Intervención, el Gobierno local afronta la comisión de Facenda del lunes, previa al pleno, sin garantías de que prospere su propuesta de desestimar todas las alegaciones salvo la del bonobús. El PP anunció ayer que defenderá todas sus reclamaciones, incluso aquellas que Intervención considera que no se ajustan a la ley. Igual camino marca el PSOE. Valora que el Gobierno local acepte el incremento en el bonobús, pero avanza que, en la comisión, defenderá el resto de sus alegaciones, "ponderadas", que el Ejecutivo propone rechazar. El BNG advierte de que solo apoyará al Ejecutivo si éste le garantiza que incluirá todas las propuestas nacionalistas que aceptó en la negociación previa. Marea no las ha podido incorporar aún al presupuesto al haberse aprobado por una cuestión de confianza, pero dice que lo hará una vez entren en vigor las cuentas.
El voto en contra de los socialistas, en coincidencia con el Partido Popular, condenaría a Marea a incorporar a las cuentas alegaciones que rechaza, como decidió hacer el año pasado, o a no llevar el presupuesto a pleno para evitar que populares y socialistas retoquen el documento a su antojo.
Estas son las reclamaciones y las conclusiones de Intervención sobre las que deberán decidir, el lunes, los grupos municipales.
EAlegaciones aceptadas por Intervención. Dictamina que debe incrementarse el gasto previsto para el bonobús en 1,63 millones de euros, como solicitaba el PSOE, pero no con el fin que planteaban los socialistas -cubrir el gasto en 2017- sino para hacer frente a las facturas pendientes de pago de 2016.
EAlegaciones de PP y PSOE "dudosas" para Intervención. Populares y socialistas reclaman reducir previsiones de ingresos municipales que consideran "excesivas". Sobre ellas, Intervención asegura que la decisión de estimarlas o rechazarlas es "más dudosa" y que no es posible "emitir una opinión concluyente", por lo que la responsabilidad de aprobarlas o no es de los grupos políticos. El PP reclamaba reducir en cuatro millones la previsión de transferencia de Emalcsa al Concello. Intervención, tras recibir el informe del director de la empresa pública rebatiendo el argumento del PP, dictamina que "no se da de forma clara el supuesto de manifiesta insuficiencia" de ingresos que defiende el grupo de la oposición. Tampoco cree que tenga encaje legal la petición del PP de añadir 400.000 euros al gasto de gestión de bibliotecas porque el servicio, pendiente de municipalización, se presta desde noviembre de 2016 sin contrato, por lo que las facturas mensuales son objeto de reparo de legalidad. "La ausencia de contrato supone que no existe ningún compromiso jurídico". Más matices introduce Intervención a la reclamación del PSOE de reducir en 4,25 millones la previsión de ingresos por IBI, el impuesto de construcciones y obras, las tasas urbanísticas, las licencias de primera ocupación, la grúa y los mercados. El jefe de servicio de Gestión Tributaria defiende que las previsiones son ajustadas a la realidad. El interventor así lo cree con el IBI y la grúa, pero no en el caso del resto de tasas. Aún así, advierte de que "solo cuando se cierre el ejercicio de 2017" se podrá "verificar si eran o no ingresos manifiestamente insuficientes".
EAlegaciones de entidades rechazadas por Intervención. El alto funcionario encargado de fiscalizar la actividad municipal concluye que la ley no ampara las peticiones de la Asociación de Clubes Deportivos da Coruña, que solicitó aumentar en 10.000 euros la subvención al Basquet Coruña y el Hockey Club Liceo, y en 15.000 al OAR Ciudad; del Club Maristas para recibir 20.000 euros; del Club de Arquitectura Técnica para elevar su ayuda de 11.000 a 35.000 euros; y de la Asociación de Vecinos de O Castrillón para reajustar la inversión en el polideportivo del barrio con el fin de adelantar su finalización de 2019 a 2018. Tampoco cree que sean viables legalmente las de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que pide cambiar el fin de la subvención que recibirá y no acepta las de dos particulares sobre el pago de expropiaciones en el castro de Elviña y sobre el coste de la planta de residuos de Nostián.
