La oposición vecinal que ha provocado en Eirís el proyecto Mi Casita para implantar en una parcela municipal del barrio módulos residenciales para personas sin hogar que rechazan el uso de los albergues revive un episodio muy parecido ocurrido hace 16 años en la ciudad: el traslado del centro de drogodependencia que estaba en un local de Caixa Galicia en la ronda de Nelle al polígono industrial de A Grela.

Aquel cambio de ubicación se materializó en 2001, tres años después de que la entidad financiera comenzase a reclamar a la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad) el espacio que le había cedido, y que, con 1.300 usuarios, se le había quedado pequeño. El primer lugar en el que el Concello pensó para que la entidad se trasladase fue un terreno en Lonzas, donde no tardaron en protestar los vecinos, por lo que la administración dio marcha atrás. El segundo fue un solar en Oza muy próximo al tanatorio, pero no era el idóneo para la instalación del centro. El tercero, una parcela en A Grela, donde el rechazo procedía de los empresarios, temerosos de que la presencia de drogodependientes y personas con adicciones convirtiese el polígono en una zona conflictiva.

"Tuvimos la misma oposición que se produce en todas partes hacia colectivos en difícil situación: se pide que estemos a su lado, pero nadie los quiere a su lado", lamenta César Pereiro, entonces director del centro de drogodependencia y ahora jefe de la sección de Psiquiatría en la asociación. Lleva 27 años en Aclad y asegura que desde aquella mudanza de 2001 nunca ha habido problemas en A Grela originados por los usuarios de la instalación. "Había mucho temor inicial, pero ni hubo conflictos ni aumentó el tráfico de droga en la zona. Los problemas ya los tienen nuestros usuarios", recuerda Pereiro, quien resalta hoy los esfuerzos del Ayuntamiento por encontrar entonces un nuevo acomodo a Aclad, en concreto las ediles socialistas Marián Ferreiro y Mar Barcón.

La parcela de A Grela, donde la entidad cuenta con una plantilla de 34 profesionales entre psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, monitores y personal administrativo que atienden unidades de día, asistenciales y terapéuticas, no era, sin embargo, la preferida por Aclad. "En comparación con la propuesta de Lonzas, mejor comunicada y con la Policía Nacional y la Cruz Roja muy cerca, estar en A Grela suponía ir al destierro, con difíciles conexiones de transporte para los usuarios. Pero era mejor que nada", explica Pereiro. Hoy pasan por los departamentos de la asociación, que también desarrolla acciones de prevención en centros educativos, 2.200 pacientes al año, coruñeses y vecinos de la comarca de los que una importante parte -apunta el jefe de psiquiatría- son politoxicómanos y personas con severos trastornos.

A Pereiro, vivida su propia experiencia de rechazo, no le sorprende ahora que una iniciativa benéfica como Mi Casita, promovida por el Hogar de Sor Eusebia, tropiece con la oposición de parte de los vecinos del barrio en el que eligió levantar los módulos tras la cesión propuesta por el Concello. Lamenta al mismo tiempo que los recursos que se les ofrecen a los colectivos con urgentes necesidades se vean castigados por la falta de información, de apoyo y de solidaridad.

"Los problemas no se resuelven solos. Proteger a personas sin hogar o a drogodependientes es también protegernos nosotros. De no contar con ayudas como las que les proporcionan las entidades, generarían más problemas en la calle", señala. Es un problema de estigma difícil de arreglar, añade, para animar porque "todas las experiencias de este tipo creadas en el mundo han dado resultados positivos".