El Juzgado analizará los informes que le remitan sobre el estado mental del vecino de Labañou que presuntamente mató a su hijo de once años a golpes el pasado domingo, Día de la Madre. La situación en la que se encontraba el detenido cuando supuestamente cometió el crimen es una de las claves sobre las que gira la investigación, pues en caso de que tuviese alteradas sus facultades intelectivas o volitivas atenuaría la condena. Incluso podría ser declarado inimputable, es decir, que no respondería del delito con penas de prisión, sino con el cumplimiento de determinadas medidas de seguridad, como el ingreso en un centro psiquiátrico, si se prueba que no estaba en condiciones de comprender las consecuencias de sus actos.

El instructor de la causa considera que mató a su hijo para dañar a su exmujer, por lo que además de un delito de asesinato u homicidio, le imputó otro de atentado contra la integridad moral de su expareja. El magistrado evaluará los informes sobre la situación psíquica del sospechoso, que fue detenido en un hostal de San Roque y, tras confesar el crimen, condujo a los agentes hacia el lugar exacto del bosque de eucaliptos de la parroquia de Rodeiro, en el municipio de Oza-Cesuras, donde había dejado el cadáver. Al lado del cuerpo del pequeño había una pala. El acusado, según fuentes de la investigación, lo mató asestándole golpes con un objeto contundente en la cabeza. Fuentes cercanas al caso apuntan a que el arrestado, que ingresó el jueves por la tarde en el centro penitenciario de Teixeiro, estaba medicado, si bien sostienen que no tiene ninguna enfermedad psíquica diagnosticada.

El vecino de Labañou fue examinado por médicos forenses el jueves antes de trasladarlo ante el titular de Violencia sobre la Mujer. Los expertos determinaron que estaba en condiciones de prestar declaración. El detenido, sin embargo, se negó a responder a las preguntas, al igual que hizo en las dependencias policiales de Lonzas, por lo que apenas permaneció diez minutos dentro de la unidad judicial que investiga el caso. Abogados penalistas coruñeses destacaban ayer que en este tipo de casos suelen recomendar a los detenidos acogerse a su derecho a no testificar. La defensa del acusado la asumió una abogada que estaba en el turno de oficio del Juzgado de Violencia cuando sucedieron los hechos, si bien el caso podría ser derivado a otro letrado de pago.

El sospechoso fue denunciado por su exmujer en 2008 y en 2013. En el primer caso fue condenado por un delito de coacciones. En el segundo, fue investigado como presunto autor de un delito de amenazas a través de las redes sociales, pero el caso fue sobreseído al no ser posible acreditar quién cometió los hechos. El procesado cumplió una orden de alejamiento de su exesposa entre 2010 y 2013.