El veredicto emitido por un jurado popular que abre las puertas a que en los próximos meses salga de prisión el hombre que mató a Jesús Rivero Conchado, de 38 años y conocido como Algarrobo, durante una fiesta de cumpleaños en Ferrol en marzo de 2016 ha puesto en peligro la paz firmada durante la celebración del juicio entre los clanes gitanos a los que pertenecen el acusado, alias Moracho, de 78 años, y la víctima. La familia del fallecido, una de las últimas en abandonar Penamoa en 2011 por orden judicial para que avanzasen las obras de la tercera ronda, está decepcionada con una resolución que considera que "no hace justicia". A falta de que los jueces de la Audiencia Provincial estipulen los años exactos de prisión a los que será condenado el Moracho, el veredicto del jurado compuesto por ciudadanos impide que sea sentenciado a más de tres años y medio de prisión, según su defensa. "Mi marido por una pelea en Penamoa con policías estuvo tres años y medio en la cárcel y ahora el que lo asesina va a cumplir lo mismo. No lo entiendo. Esto no es justicia", denuncia desconsolada la esposa del fallecido, Begoña Salazar, quien subraya que fue "asesinado" por una deuda por drogas que tenía con el Moracho, que es su tío y uno de los líderes del clan de Ferrol.

"No estoy conforme con el veredicto. Me quedé sin padre y ese dolor no me lo va a quitar nadie. Yo quiero justicia, justicia y justicia", dice el hijo del fallecido, Unai Rivero, de 14 años. El adolescente, que reside en un piso de la ciudad con su madre, insiste en que no entiende "que mates a alguien y que salgas en un par de años de prisión". El joven recalca que su padre fue "asesinado". La familia de Rivero Conchado sostiene que la única esperanza que le queda es que el recurso que su abogado, José Ramón Sierra, presentará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sea estimado.

El jurado popular declaró el pasado viernes culpable al Moracho de un delito de lesiones con instrumento peligroso en concurso ideal con otro de homicidio imprudente. Además, le aplicó la eximente incompleta de legítima defensa. Así, consideró probado por mayoría que la víctima falleció por las heridas sufridas, pero decretó que el procesado no tuvo intención de matarla. Dio credibilidad a la versión del imputado, quien testificó que durante la fiesta se produjo una disputa y que él, como patriarca, medió para tratar de "poner paz". El septuagenario mantuvo que primero quiso "calmar a la juventud" y que, al final, se quedó contra una pared con una navaja sobre su pecho para protegerse. El arma acabó clavada en el torso de la víctima.