A Coruña y otras siete ciudades españolas -Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Córdoba, Cádiz y Santiago- presentaron ayer alegaciones a la iniciativa del Gobierno central "que veta a las pequeñas comercializadoras de energía e ignora las legislaciones autonómicas". La concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, denunció que el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo central sobre pobreza energética que regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable "no evitará los cortes de suministro a personas en riesgo de exclusión".
Cameán recordó que el Concello tiene en marcha un convenio con distribuidoras eléctricas para evitar cortes de suministro y, por tanto, que existan vecinos que sufran de pobreza energética. "Pedimos el mismo compromiso que estamos mostrando las instituciones locales, a pesar de la asfixia continua que nos impone el Gobierno central", subrayó la responsable de Xustiza Social.
