Policías locales de A Coruña asisten hoy a una jornada de formación sobre discapacidad intelectual para conocer qué recursos y herramientas pueden emplear ellos y al mismo tiempo facilitar a personas con esta vulnerabilidad afectadas o implicadas en casos con los que tratan a diario. La federación Fademga Plena Inclusión Galicia organiza esta charla informativa. Intervienen el formador en acceso a la justicia Manuel Carballo, la licenciada en Derecho María Gómez-Carrillo de Castro y la técnica del programa de Reclusos y Exclusión Social Rocío Rey Sanmartín.

- ¿Carecen los policías locales u otros cuerpos de seguridad de la debida preparación para familiarizarse con casos y situaciones de discapacidad intelectual?

-Sí. Percibimos que hay un desconocimiento sobre lo que es la discapacidad intelectual. Persiste la concepción pasada de que la sufren personas necesitadas de protección y reducidas al entorno del hogar. Hoy estas personas tienen cierta autonomía y están más incluidas.

- ¿Este choque de concepciones crea problemas?

-Sobre todo porque hay muchos casos en los que interviene una discapacidad intelectual que no es perceptible a simple vista o que no se manifiesta por un problema de consumo de tóxicos o cultural o de analfabetismo. Iniciamos estas formaciones con un programa con personas reclusas que tienen discapacidad intelectual. A casi un 70% de presos que cumplían condena no se les había detectado esta discapacidad en ningún momento del proceso. Nos hizo pensar entonces que hacía falta formación.

- ¿Qué pasos nuevos hay que dar en la actualización de conocimientos y procedimientos?

-Primero hay que explicar los mitos sobre la discapacidad intelectual: quienes la sufren no son personas que no entiendan, sino a las que hay que prestarles apoyos para ejercer bien la comunicación. Se puede detectar con preguntas sobre si tiene un certificado de discapacidad, o dónde ha estudiado, si tiene ingresos o si trabaja.

- ¿Hablamos de víctimas y de infractores?

-Trabajamos desde el punto de vista de la víctima de un delito, de quien es testigo y se le debe dar credibilidad y de quien es investigado como autor de un delito. Se dan muchos casos relacionados con la libertad sexual, víctimas de un abuso o delitos de odio. Lo que pretendemos es que unos y otros tengan derechos como el de comprender la información, que se les proporcione un facilitador o intérprete o que tengan un juicio comprensible.

- ¿Quién tiene más dificultades de asesoramiento, la víctima o el que delinque?

-Ambos necesitan apoyos para saber qué tienen que hacer en comisaría, qué les va a pasar, cómo deben contar lo sucedido. En Fademga se está trabajando en una guía para policías locales para enseñar a explicar qué es y cómo se identifica la discapacidad intelectual, y se han adaptado a lectura fácil y con imágenes explicativas los procedimientos de denuncia, los derechos del detenido o lo que pasa cuando te defienden.

- ¿Están unos y otros protegidos convenientemente?

-Una unidad en Madrid presta servicios a víctimas de delitos sexuales con facilitadores que promueven entornos adaptados para hacer declaraciones y enviarlas a un juicio. Los investigados no tienen esa figura de facilitador y hay que ponerse al día en el programa de reclusos para que la persona comprenda el proceso al que se somete y pueda utilizar sus derechos.

- Cuente algún caso realmente complicado.

-Un chico de unos 30 años que era analfabeto funcional y cometió dos infracciones al conducir sin carné, lo acusaron de delito en juicio rápido y estuvo en prisión dos años porque no pagó una sanción. No era una persona que estuviera en un ambiente delictivo como otros internos y para él fue muy complejo. Tardamos seis meses en que dijera una frase completa. A muchos internos hay que explicarles lo que se les comunica por su incapacidad para comprender.

- ¿Cómo hay facilitar al discapacitado el acceso a la justicia?

-Es clave dar formación a todos los operadores jurídicos porque son el recorrido por el que pasará esa persona, tanto si es víctima como acusado. El discapacitado intelectual no necesita vivir en un entorno apartado y protegido sino que pertenece a la sociedad. Pueden vivir de un modo más inclusivo con el ejercicio de sus derechos.