El equipo de gobierno de la Universidade da Coruña (UDC) considera que recibirá una mejor financiación después de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se ordena a la Xunta recalcular el reparto de fondos que realizó entre 2011 y 2015 entre las tres universidades gallegas por perjudicar a la de A Coruña. El rector, Julio Abalde, considera que la sentencia confirma la "infrafinanciación" de la Universidade da Coruña con el anterior plan y que la negociación abierta con la Xunta para cumplir la sentencia repercutirá, "sin duda, en una mejor financiación para la UDC".

Así se recoge en el acta del último Consello de Goberno de la UDC, que se someterá a votación en la sesión que el organismo celebrará mañana. En esa sesión, Abalde expresó públicamente su "reconocimiento" al anterior equipo de gobierno, del que él formaba parte, con mención "especial" a los anteriores rector, Xosé Luís Armesto; vicerrectora de Economía, Amalia Blanco; y gerente, Juan Villoslada.

Los magistrados estimaron el recurso de la institución académica coruñesa en el que se reclamaban 7,5 millones por la falta de cumplimiento del plan de financiación al que dieron el visto bueno en diciembre de 2010 el Gobierno gallego y los tres rectores, con un voto particular discrepante de A Coruña. El Superior considera que la UDC recibió menos ayudas de las que le correspondía porque la Consellería de Educación cambió el criterio de reparto del fondo estructural de las universidades, lo que se considera como la partida "más importante".

El Rectorado argumentaba que las cantidades abonadas por el Ejecutivo autonómico al aplicar el criterio histórico vulneraron "el principio de seguridad jurídica, de estabilidad financiera y la suficiencia, así como la equidad institucional", pues los cálculos fueron realizados "de una forma unilateral e inmotivada por la Xunta". Los jueces le dan la razón y ordenan en la sentencia a la Consellería de Educación aplicar entre 2012 y 2015 los mismos parámetros de 2011 para determinar la cuantía que le correspondería haber recibido a cada organismo académico en función de la variable histórica. La UDC cuantifica las pérdidas en 7,5 millones y el TSXG decreta que la Xunta, cuando recalcule el reparto de fondos, "en ningún caso podrá reconocerle una cantidad superior a la reclamada en la demanda".