El Gobierno local de A Coruña inicia hoy la rescisión de la concesión de gestión del ascensor y el mirador de San Pedro, con pérdidas millonarias acumuladas que, en virtud del contrato adjudicado con Francisco Vázquez como alcalde, cubren las arcas municipales. El Ejecutivo ve, en la actuación de la concesionaria, causa de resolución. El pasado año, informó de que había detectado "graves irregularidades" en las justificaciones del déficit que tiene que compensar el Concello y abrió un proceso de reclamación de más de medio millón de euros. La intención del Concello es que la rescisión sea parcial, por lo que se le retiraría a Miramar de San Pedro el servicio de "vigilancia, limpieza y funcionamiento" de estas instalaciones municipales pero se le permitiría seguir explotando la cafetería-restaurante.

El Concello abrió en diciembre otro proceso para reclamarle a la sociedad 591.994 euros tras detectar "graves irregularidades" en las cuentas de los años 2010, 2011 y 2012, al concluir una inspección de la concesión que había iniciado el anterior Gobierno local, del Partido Popular. Desde su inauguración, el complejo turístico ocasionó cuantiosos gastos al erario municipal, sobre todo el ascensor. Entre 2010 y 2014 el Ayuntamiento abonó a la empresa 1,6 millones. Cada año, el Concello le paga a la compañía el déficit que generan las instalaciones, tal y como establece el contrato firmado en 2005. El contrato se firmó por 50 años con un canon anual de 3.500 euros que después aumentó a 4.161 al ampliarse también la superficie de gestión.

Ahora, al considerar la Concejalía de Medio Ambiente que hay un "incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales", se cancela esta parte del contrato. Además de incoar el expediente, tras lo que se dará audiencia a la empresa, la junta de gobierno adoptará una "medida provisional" para definir "de forma precisa y transparente las condiciones de facturación" que deberá seguir la sociedad mientras no se saca de nuevo el servicio a concurso y se elige a la adjudicataria. Está orientado, según fuentes municipales, a intensificar la vigilancia de las cuentas de explotación y a proteger los puestos de trabajo del personal adscrito al servicio.

Según el acuerdo que se eleva hoy a Junta de Gobierno Local, el concesionario justificará sus costes de funcionamiento, limpieza y vigilancia mensual y no anualmente, sumándose a esta cifra un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, "así como los ingresos obtenidos de los usuarios de las mismas". En caso de que la cifra de explotación resulte negativa, el Concello "cubrirá el déficit de explotación resultante y, en caso de que sea positiva, será ingresada por el concesionario en la Caja Municipal".

Dudas sobre el procedimiento

La decisión que toma hoy la junta de gobierno se apoya en informes previos, favorables y desfavorables. La propuesta es del jefe de Medio Ambiente, que recomendó en febrero eliminar exclusivamente la parte del contrato referida a la explotación del ascensor y el mirador. En abril, la jefa de Servicio de Contratación emitió un informe desfavorable. Por un lado, no creía que la empresa incurriese en causas de rescisión y, por otro, no veía posible que se pudiesen disociar las dos partes del contrato y rescindir solo una.

La Asesoría Jurídica avala a Medio Ambiente. Cree que las dos partes del contrato son tan diferentes que ni siquiera se deberían haber sacado a concurso conjuntamente, puesto que una es la explotación y uso privativo de un espacio de dominio público -el restaurante- que nada tiene que ver con un servicio y el otro -ascensor y mirador- sí lo es. Alega que existen "dos negocios jurídicos" con carácter "independiente y autónomo" "bajo un mismo título contractual".

La Asesoría Jurídica señala que hay que considerar si se envía o no al Consello Consultivo, que tiene que informar obligatoriamente sobre las resoluciones de contratos. Si se considera que lo que hay es realmente una "modificación de contrato", dice, no haría falta.