La Xunta anunció ayer un acuerdo para el cumplimiento de la sentencia que concluye que la Consellería de Educación Consellería de Educación usó, entre 2012 y 2015, unos criterios para repartir la financiación entre las universidades gallegas que perjudicó a A Coruña. La Universidade coruñesa (UDC) solicitaba una compensación de 7,5 millones que los jueces estimaron en parte. Las arcas autonómicas abonarán 4,2 millones de euros en tres plazos anuales.
El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, explicó ayer en el Parlamento que han llegado a un pacto con el Rectorado coruñés, después de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que da la razón en buena parte de las reclamaciones que expuso la UDC ante los tribunales por el antiguo Plan de Financiación, que estuvo en vigor entre 2011 y 2015. Estos criterios se aprobaron en 2010 con el visto bueno del Gobierno gallego y tres rectores, con un voto discrepante del coruñés.
El rector coruñés, Julio Abalde, relató a este periódico que, después de casi mes y medio de negociación en un clima de "total colaboración institucional" con Facenda y Ordenación Universitaria, se ha llegado a un acuerdo "satisfactorio" para la UDC aunque, "como en todas las negociaciones, nunca se llega al cien por cien de lo que se pretende". El mandatario académico explica que, la cantidad que pagará la Xunta "no se aleja mucho" de lo que habían estimado ellos tras conocer los términos del fallo judicial.
Los 4,2 millones, añade, "entrarán como ingresos en los próximos presupuestos y formarán parte de los ingresos generales de la UDC y serán utilizados como inversión dentro de la universidad". "Sobre todo servirán para hacer frente a determinadas inversiones que eran imprescindibles ya en la universidad y mejorar la situación de las infraestructuras y servicios", comenta el rector, que explica que podrán abordar, por ejemplo, "problemas que surgen en distintos edificios" o adquirir o renovar equipos. "Ahora tenemos una cierta holgura para poner en marcha proyectos que permitan mejorar la situación de la UDC", celebra. Abalde cree que las dos partes han quedado satisfechas de este proceso "que permite que el sistema universitario de Galicia mejore".
La Xunta abonará los 4,2 millones con fondos autonómicos sin que afecten al Plan de Financiación Vigente y, por tanto, al reparto presupuestario de las otras dos universidades gallegas. Román Rodríguez alegó en la Cámara gallega que la sentencia "se circunscribe a diferencias de interpretación o errores de aplicación" en el cálculo de la cantidad fija y variable correspondiente al reparto de fondos estructurales.
La sentencia
En 2011, el primer año de aplicación del plan de financiación acordado en 2010, se repartieron 290 millones de euros correspondientes al fondo estructural, de los que 123,7 fueron a la Universidade de Santiago; 88, a la de Vigo y 78,3, a la de A Coruña. A partir de 2012 se acordó que la distribución se realizaría en función de nuevos criterios que se aplicarían de forma progresiva. Fue a partir de 2012 cuando la Xunta erró al aplicar los parámetros variables y calcular las subvenciones que debía abonar a cada una de las tres universidades gallegas, según concluye la sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG.
La institución coruñesa argumentó ante los tribunales que las cantidades abonadas por el Ejecutivo autonómico al aplicar el criterio "histórico" vulneraron "el principio de seguridad jurídica, de estabilidad financiera y la suficiencia, así como la equidad institucional", pues los cálculos fueron realizados "de una forma unilateral e inmotivada por la Xunta". Los jueces le dan la razón y ordenan en la sentencia a la Consellería de Educación aplicar entre 2012 y 2015 los mismos parámetros de 2011 para determinar la cuantía que le correspondería haber recibido a cada organismo académico en función de la variable histórica. La UDC cuantificaba las pérdidas en 7,5 millones y, tras la estimación parcial, se ha llegado finalmente a un acuerdo por 4,2.
