A diario recorren las calles de A Coruña unos treinta funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos para comunicar en persona todo tipo de actos judiciales, entre ellos desahucios, embargos y citaciones de Violencia sobre la Mujer. Desde el inicio de la crisis las salidas se multiplicaron y, con ellas, las agresiones, la mayoría verbales, a las que tienen que hacer frente. Tras ser golpeada el pasado lunes una trabajadora en Oleiros, la Junta de Personal de la Administración de Justicia reclama "medidas de protección" para garantizar la seguridad de los agentes.
La mujer fue agredida cuando intentaba verificar que la persona a la que se dirigía la notificación que tenía que entregar residía en una vivienda. Para ello, como es habitual al no responder nadie en su domicilio, timbró a un vecino, quien nada más abrir la puerta le propinó un cabezazo porque había "despertado a su hijo". La funcionaria cayó al suelo con las gafas rotas, donde le asestó patadas. El denunciado también golpeó el coche de la Xunta para tratar de impedir al conductor que saliese a auxiliarla.
La Junta de Personal se reunió ayer para tratar la "grave agresión" sufrida por la funcionaria esta semana. La víctima, que está de baja, presentó una denuncia por vía penal. "Pedimos que la autoridad judicial aplique la ley con el rigor que merecen los hechos denunciados", indicaron ayer los portavoces de los trabajadores, quienes convocaron una asamblea con personal del Servicio de Actos de Comunicación y Ejecución de la provincia para conocer "más en detalle la intolerable situación que soportan en el desarrollo de su trabajo".
La plantilla de Juzgados demanda a la Consellería de Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza "la adopción de medidas para que los trabajadores que prestan sus servicios en la calle puedan hacerlo de forma más segura". Entre las propuestas que barajan los sindicalistas figuran que trabajen en parejas, que cuenten con un dispositivo que permita alertar a los servicios de emergencias ante cualquier incidencia o que a través de la vestimenta sean identificados como agentes de la autoridad.
Fuentes sindicales, no obstante, advierten de la "dificultad de llevar a la práctica" medidas que garanticen la "total seguridad" de los empleados del servicio de notificaciones. Los representantes de los perjudicados demandarán que se realice una evaluación sobre los riesgos laborales que sufren. "Corren peligro por el simple hecho de tener que estar en la calle y cargan mucho peso cuando tienen que entregar mucha documentación", señalan. Solo en el partido judicial de A Coruña se entregaron el año pasado alrededor de 40.000 actos de comunicación de órganos judiciales civiles, penales, contenciosos y laborales. Los asuntos más conflictivos son los embargos, desahucios y citaciones relacionadas con violencia de género o separaciones.
