Los funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de A Coruña realizan unos 40.000 actos de comunicación al año. Muchos de ellos están dirigidos a personas a las que la crisis ha dejado en situaciones límite. Esta semana una trabajadora fue zapateada por un hombre cuando se disponía a entregar una notificación, lo que ha abierto el debate sobre la falta de seguridad de los funcionarios.

- ¿Con qué problemas se encuentran los trabajadores?

-Es una época complicada y las noticias que llevamos a personas que están en situaciones económicas muy difíciles no son buenas porque son reclamaciones de cantidades, embargos, desahucios y asuntos relacionados con separaciones matrimoniales y violencia de género. La gente percibe injusticias por la corrupción, los bancos, etc. y eso crea un caldo de cultivo que hace que nuestro trabajo tenga un punto de peligro mayor.

- ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes?

-Surgen problemas en un porcentaje menor, pero sí percibimos que son más graves que hace seis o siete años. La gente está crispada. Todos los meses pasa algo, hay algún incidente. Hay faltas de respeto como insultos y gente que pierde los papeles. Esas situaciones se solventan con la experiencia. Hay que tener temple y ponerse en la situación de la otra persona que está en una situación muy complicada. Somos la punta de lanza. A veces nos dan las gracias porque les informamos sobre qué parte de la nómina le embargarán, cómo solicitar abogado de oficio... La mayor parte de los ciudadanos nos tratan bien y entienden nuestro trabajo.

- ¿La agresión a su compañera servirá para tomar medidas?

-Es un punto de inflexión que permite poner el foco en nosotros, que estamos preocupados porque nos están dejando un poco solos. No nos pagan peligrosidad por el trabajo. La realidad ha cambiado en España y no es lo mismo estar en el juzgado que salir a la calle a comunicar noticias de ese tipo.

- ¿Qué demandan a la Administración?

-Echamos de menos que forme a los funcionarios para manejar ciertas situaciones de riesgo que nosotros suplimos con la experiencia, por eso no suceden más cosas. La Administración tiene que hacer una evaluación de riesgos, darnos formación y pagarlos por peligrosidad. No valora nuestro trabajo y nos sentimos un poco solos. A una compañera la metieron en una casa y le cerraron la puerta, a un compañero lo zarandearon... Estás en una situación de inferioridad porque estás en el terreno de la otra persona. A veces van compañeras a notificar asuntos de violencia de género a hombres que ya pegaron a otra mujer. Hay un riesgo.

- ¿Cómo actúan cuando detectan algún riesgo?

-Lo normal es suspender esa diligencia, dejarla para otro momento, porque tampoco vamos a poner en riesgo nuestra integridad física. A veces tenemos que requerir a la policía.

- ¿Qué medidas incrementarían la seguridad?

-La seguridad pasa, primero, por una identificación cuando actuamos. Cuando actúan la policía o los bomberos se sabe. Nosotros vamos de calle. Hay que buscar una fórmula para que vayamos identificados. Muchas veces la gente se confunde y no entiende que todo viene de resoluciones judiciales y los jueces aplican las leyes que los políticos aprueban en el Parlamento.

- ¿Hay zonas más peligrosas?

-Las zonas más deprimidas son donde normalmente surgen los problemas. El código postal en esta ciudad es el que marca la situación de pobreza e indica dónde están los problemas. La pobreza está en el código postal. No es agradable realizar ciertas comunicaciones. Muchas veces son reclamaciones de cantidades pequeñas, pero hay personas a las que 500 euros les destroza la economía de tres o cuatro meses si les embargan la cuenta. Esa frustración la derivan a veces hacia nosotros.

- ¿Suelen trabajar solos?

-Para entregar citaciones, notificaciones y requerimientos vamos solos. Cuando son diligencias de comisión, como pueden ser embargos o desahucios, va un gestor y un funcionario de auxilio. Es inviable ir siempre dos porque supondría duplicar la plantilla.

- ¿Qué situaciones generan más tensión?

-Los desahucios y embargos. Esta crisis ha provocado muchos despidos de forma improcedente y los empresarios muchas veces no pagan. Nosotros vamos a las empresas a hacer embargos de muebles o del dinero que hay en caja, por ejemplo. En las separaciones matrimoniales también hay tensión porque notificamos asuntos como guardas y custodias o pensiones de alimentos. Muchas veces nos cuentan: 'se me fue con otro, me engañó, era ludópata... '. A veces es muy duro ver ciertas situaciones, sobre todo en el tema de los desahucios.

- ¿Son testigos directos de las consecuencias de la crisis?

-Nuestro trabajo es una radiografía real de la ciudad y de la comarca. Sabemos lo que pasa en los barrios y en cada uno de los códigos postales de esta ciudad. Lo sabemos porque vemos los problemas de primera mano.

- ¿Perciben cierta mejoría desde el inicio de la crisis?

-Los bancos no ejecutan como ejecutaban porque no se dan créditos. Ejecuciones hipotecarias no hay porque desde hace ocho años casi no se dieron hipotecas ni tampoco préstamos personales. Lo que hay son reclamaciones de créditos al consumo de compañías telefónicas, por ejemplo, o de tarjetas de empresas como El Corte Inglés o Alcampo. Lo que se mantiene son los desahucios por impago de alquiler y hay muchas ejecuciones por vía social de trabajadores a los que les deben dinero los empresarios. No hay mejoría, la gente ha aprendido a vivir en el día a día.