El Pleno aprobó ayer la modificación de las cuentas de 2017 para adaptarlas a los plazos marcados por la rehabilitación de las cubiertas del estadio de Riazor. Este punto, a pesar de contar con el apoyo de Marea, PSOE y BNG y la abstención del PP, no estuvo exento de polémica y de enfrentamiento entre las formaciones. Marea se había garantizado con anterioridad el visto bueno del PSOE, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con los presupuestos municipales. Es una previsión de gasto de 8,23 millones de euros entre los años 2017 y 2019.

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, defendió que las obras son necesarias y rebatió los argumentos que se posicionan en contra de la inversión en el estadio con que las gradas se construyeron en 1982 y tanto PSOE como PP tuvieron el bastón de mando de María Pita para poder actuar en Riazor. El portavoz socialista, José Manuel García, afeó al Gobierno local que no mantuviese el mismo compromiso de inversión con los clubes que practican deporte de manera amateur y sus instalaciones que con el Dépor y su estadio, y solicitó que Riazor tenga más usos que el de estadio del club, como por ejemplo, el de acoger conciertos o ser también el campo del Silva. La portavoz del BNG, Avia Veira, manifestó que, a pesar de estar de acuerdo con la rehabilitación de Riazor, no comparte que las instalaciones lleven el "apellido" de Abanca, por ser la entidad que le concede un crédito de 45 millones de euros al club. El concejal del PP Francisco Mourelo defendió ayer que el proyecto de reforma cierra las puertas a la ciudad a tener "un estadio nuevo", como tienen otros clubes como el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.

Por unanimidad se aprobó cancelar el crédito formalizado por el anterior Gobierno local, del PP, para pagar 7,6 millones de euros en facturas a proveedores, del que quedaban por pagar cinco millones. Con esta salida del plan de ajuste, el Concello se libera también de las restricciones que le imponía, como no poder formar parte de la constitución de nuevos organismos o consorcios, como el que el Gobierno local propone constituir con otras administraciones para el desarrollo urbanístico de los muelles que queden liberados por el traslado de actividades al puerto exterior.

El portavoz socialista, José Manuel García, puso ayer el foco en que la operación no era "la más aconsejable", ya que los intereses de ese crédito ya se habían pagado, por lo que considera que sería mejor cancelar una deuda que generase intereses para deshacerse de ellos, aunque sí que aprecia la ventaja de poder entrar a formar parte de nuevos consorcios y entes que puedan ofrecer servicios a la ciudad. La concejal de Facenda, Eugenia Vieito, acusó ayer al PP de haber inflado las cuentas en el momento de solicitar el crédito y aseguró que Marea Atlántica había conseguido bajar la deuda de 86 millones a 68 en solo tres años.

La concejal nacionalista, Avia Veira, pidió "valentía" al Gobierno local para hacerse cargo del servicio del bus urbano, una vez que se libere del "corsé del plan de ajuste". La portavoz del PP, Rosa Gallego, replicó que este plan había servido para pagar "las facturas del bipartito".

En el pleno también se aprobó, con reticencias de PP, PSOE y BNG, un aumento del presupuesto del IMCE, ya que los grupos critican que se hayan pagado "cientos" de facturas con reparos de intervención.