Tal día como hoy, pero el año pasado, tendría que haberse presentado, como muy tarde, el proyecto definitivo del dragado de la ría de O Burgo. Técnicamente está de aniversario, aunque los mariscadores y los vecinos del estuario no tienen nada que celebrar. Han pasado doce meses y el proceso apenas ha avanzado, así que, los afectados siguen esperando a que se resuelva el trámite de Declaración de Impacto Ambiental. Si los plazos se cumplen -algo que no ha pasado desde que la documentación llegó al Ministerio de Medio Ambiente para su estudio-, este documento tendrá que ser publicado antes del 9 de septiembre, ya que es cuando se cumplen los tres meses que tiene la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para emitir su informe.

Será entonces cuando se sepa cuáles de las alegaciones presentadas por los colectivos afectados, mariscadores, concellos y vecinos han sido aceptadas e incluidas en el proyecto y cuáles no se han tenido en cuenta. Los miembros de la Mesa da Ría -formada por la Cofradía de Pescadores, la Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, la Universidade da Coruña (UDC) y los cuatro concellos que lindan con el estuario, Oleiros, Cambre, Culleredo y A Coruña- firmaron un documento con enmiendas al proyecto presentado por el Ministerio. Entre las propuestas que formulaban en este texto, solicitaban, por ejemplo, que se paralizasen las labores de extracción de marisco mientras se ejecutasen las obras del dragado, porque consideran que el movimiento de los sedimentos puede dispersar sustancias contaminantes en las aguas. Para compensar a los trabajadores, pidieron también un plan de ayudas económicas más allá del tiempo que durasen los trabajos. Solicitaron también la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de las obras que extendiese su trabajo hasta dos años después de finalizado el dragado para controlar, entre otros aspectos, "la calidad de las aguas de baño" sobre todo en los arenales de "Oza, Santa Cristina y Bastiagueiro".

Los mariscadores han denunciado en más de una ocasión que, cada día que pasa, la ría pierde capacidad reproductiva, que los lodos -en algunos puntos superan los 1,70 metros de grosor- se comen el terreno fértil y tupen los canales que ayudan a que los nutrientes penetren en los bancos marisqueros.

A la ría le toca esperar. Después de que se resuelva la Declaración de Impacto Ambiental, tendrá que publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, el último paso del proceso será la publicación del proyecto autorizado, es decir, la hoja de ruta que habrá que seguir para ejecutar la regeneración del estuario.

La ría cuenta con otro obstáculo más que sortear, y es que, a pesar de que el proyecto inicial estimaba el coste de las obras en 46,3 millones de euros, el Estado solo ha presupuestado siete millones de euros hasta 2020 -un millón en 2017 y dos millones en 2018, 2019 y 2020-. "Mientras no haya declaración ambiental, no se pueden licitar proyectos en la ría", dijo en mayo la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, forzada a hablar en el Congreso sobre la ría de O Burgo por una interpelación presentada por En Marea. Será cuando se cierre todo el proceso cuando el Ejecutivo estatal concretará la licitación de las obras y sus plazos. Toca esperar.