Las cuentas presentadas en los registros oficiales por Hércules de Armamento, la concesionaria de la fábrica de armas de Pedralonga, reflejan las dificultades por las que atraviesa la empresa, ya que en 2016 sus pérdidas crecieron un 126% y llegaron a 1,18 millones de euros, frente a los 519.167 euros del año anterior. A este dato hay que añadir otro también de carácter negativo, puesto que el endeudamiento de la compañía se incrementó el año pasado en un 80% y alcanzó los 5,1 millones de euros, cuando el ejercicio precedente se cerró con 2,8 millones de deudas.

Esta situación se produce a pesar de que las ventas de Hércules de Armamento se incrementaron un 75,6% durante el año pasado, aunque ese considerable aumento solo se tradujo en una cifra de negocio de 48.984 euros, a todas luces insuficiente para afrontar los pagos a la plantilla y hacer frente a los gastos que genera la actividad productiva. La insuficiencia de los ingresos se ha traducido en impagos a los proveedores y a los propios trabajadores, que en los últimos meses han efectuado jornadas de huelga ante los retrasos en el cobro de sus nóminas.

Algunos de ellos decidieron ya arrojar la toalla y demandaron a la empresa por los impagos. Hércules de Armamento se enfrenta a seis demandas en los juzgados de lo Social en las que se le reclama el abono de 106.835 euros. Cuando en octubre de 2014 el Ministerio de Defensa adjudicó la gestión de la factoría a Hércules de Armamento, la compañía se comprometió a disponer de una plantilla de 155 trabajadores en el plazo de un año, pero en la actualidad el número de empleados debe situarse en torno a la veintena, como permiten comprobar las movilizaciones que realizan en exigencia del pago de sus salarios.

Desde que inició su actividad, la empresa aludió de forma constante a la existencia de contratos para la fabricación de diferentes productos, pero desde el principio los problemas se hicieron evidentes y reflejaron las dificultades para mantener una producción estable que después se hicieron patentes en los resultados. Ya el primer año completo de la empresa al frente de la factoría, 2015, hubo pérdidas que superaron el medio millón de euros, que al año siguiente se duplicaron.

Durante meses, la dirección de la factoría confió su viabilidad a la búsqueda de un socio industrial que le proporcionase capital y líneas de producción. La compañía madrileña Mecanizados Escribano analizó su entrada en Hércules de Armamento, pero sus responsables descartaron invertir en la fábrica de armas tras analizar su situación económica y reclamar un impulso de la Xunta que el Gobierno gallego no ha llegado a dar.

Los problemas económicos llevaron a los trabajadores a solicitar el apoyo de la Xunta para garantizar la continuidad de la empresa, pero la Consellería de Economía no está dispuesta a implicarse en su futuro más allá de prometer "colaboración" para que la fábrica "tenga oportunidades para dar contenido al proyecto industrial", según manifestó el titular de este departamento autonómico, Francisco Conde, el pasado miércoles.

También pasó de puntillas el conselleiro por otra de las dificultades a las que tiene que hacer frente la firma, el cumplimiento de las condiciones fijadas por el Ministerio de Defensa para adjudicarle la gestión de la factoría, que según los empleados y los antiguos trabajadores de General Dynamics -la anterior gestora de las instalaciones- no se han consumado. "Es la concesionaria la que tiene que dar una respuesta a los compromisos adquiridos", declaró Conde sobre las exigencias sindicales de que la Xunta y Defensa tomen medidas.

Esta actitud del ministerio exaspera a los empleados de General Dynamics despedidos por negarse a aceptar las condiciones que se les ofrecían para desvincularse de la empresa. Los extrabajadores, que se movilizan cada semana ante la Delegación del Gobierno y mantienen un retén ante el que fue su centro de trabajo, denuncian la pasividad de Defensa ante el incumplimiento del contrato, así como irregularidades que atribuyen a Hércules de Armamento, cuya propuesta para gestionar la fábrica rechazaron desde un principio, ya que apostaban por la del grupo IFFE.

El ministerio convocó en noviembre de 2016 la comisión de seguimiento de esta concesión, en la que se constató que la empresa no había abonado el canon por utilizar las instalaciones y que mantenía deudas con los empleados y la Seguridad Social. El departamento estatal anunció que tomaría medidas para corregir esta situación, pero ocho meses después se desconoce si adoptó alguna resolución.