La juez instructora de la operación Zeta, en la que hay más de medio centenar de imputados por presuntamente defraudar subvenciones destinadas a cursos de formación para desempleados, decidió separar la investigación relacionada con la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) del resto de la causa, dada su complejidad. La magistrada derivó el año pasado esa pieza a uno de los juzgados centrales de instrucción, ya que considera que la Audiencia Nacional es el órgano competente para enjuiciar los presuntos delitos cometidos por el colectivo de autónomos, que operó a nivel estatal.

La juez concluyó que las distintas ramas de la operación Zeta tenían el entramado empresarial de Gerardo Crespo como nexo común y el mismo objetivo: conseguir fondos públicos destinados a cursos de formación y utilizarlos para fines privados. Las entidades implicadas en el caso recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias. Solo de la Xunta, según consta en el sumario, se embolsaron alrededor de 15 millones.

El juzgado de Madrid se opuso a hacerse cargo de la investigación sobre Caype, ante lo que el organismo de A Coruña planteó una cuestión de competencia negativa ante el Tribunal Supremo, que ha decretado que la pieza debe instruirse en la ciudad porque considera que no tuvo repercusión en la economía estatal. El alto tribunal subraya que, "pese a tratarse de una importante cantidad, en el conjunto de la economía nacional, cuatro millones carecen de entidad suficiente para producir la grave repercusión" que se exige para que el caso sea enjuiciado en la Audiencia Nacional. El Supremo también argumenta que el presunto fraude de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, dirigida por Eliseo Calviño, es "evidente que no provoca perjuicio a una generalidad de personas en los términos en los que la jurisprudencia de esta sala tiene interpretado dicha expresión, por más que se trate de un Ministerio y de tres consejerías de comunidad autónoma".

El juzgado instructor de A Coruña insistió ante el Supremo en que Caype es "un mero artificio con aparente implantación nacional, cuya finalidad es lograr fondos públicos, aparentando una legalidad inexistente", consiguiendo apoderarse de algo más de cuatro millones de euros -3,2 del Ministerio de Empleo, 747.140 de la Xunta y 16.334 del Servicio Riojano de Empleo-. La titular de Instrucción 6 también señala que la entidad con sede en A Coruña "fracasó" en su intento de obtener subvenciones del Principado de Asturias y de los servicios de empleo de Navarra y Cantabria.

El abogado de Eliseo Calviño, Xoán Antón Pérez-Lema, subraya que el Supremo consideró que la pieza de Caype carecía "de carácter global y amplio". El letrado asegura que solicitará que la causa relacionada con la confederación de autónomos se lleve a reparto para que se haga cargo el juzgado que le toque, no Instrucción 6, que es el que lo derivó a Madrid y el que investiga el resto de la operación Zeta.