El juzgado habilitado en la provincia de A Coruña por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el apoyo de la Xunta, para hacer frente a la avalancha de demandas de cláusulas suelo registra una media de entrada de 12 asuntos al día. En la unidad, que comenzó a funcionar el pasado 1 de junio, se han presentado 615 reclamaciones a entidades bancarias, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La primera audiencia previa en A Coruña está previsto que se celebre el próximo 25 de septiembre. En este tipo de actos se fija el objeto del litigio, las partes proponen pruebas y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito. En el caso de que las pruebas sea solo documentales, el asunto queda en la audiencia visto para sentencia, por lo que ya no es necesaria la celebración de juicio.

Las cuatro unidades gallegas exclusivas de cláusulas suelo, situadas en A Coruña, Vigo, Lugo y Ourense, recibieron desde el 1 de junio más de 1.600 casos. El juzgado en el que más demandas se presentaron fue el de Vigo (741), seguido de A Coruña (615), Ourense (210) y Lugo (48). El Consejo General del Poder Judicial acordó revisar el volumen de entrada de demandas en los juzgados de cláusulas suelo para ampliar personal en caso de ser necesario. En A Coruña los sindicatos ya advirtieron de que deberá dotarse a la unidad de más trabajadores. El próximo mes de septiembre se celebrará una reunión entre los jueces decanos y el CGPJ para analizar la situación de estas unidades y evaluar su puesta en marcha.

Fuentes judiciales prevén que el volumen de entrada de casos sea mayor a finales de año, pues la mayoría de afectados por el cobro de condiciones abusivas, principalmente cláusulas suelo y gastos de constitución de hipotecas, presentaron reclamaciones en las sucursales bancarias para intentar llegar a un acuerdo. Las entidades financieras tienen tres meses de plazo para responder y, en caso de que las cantidades que ofertan no respondan a las expectativas, los clientes tienen la opción de recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos, reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 21 de diciembre de 2016. Para presentar las demandas es necesario contar con abogado y procurador, pero previsiblemente las entidades serán sentenciadas a abonar las costas.