La imposibilidad legal de que el Concello incorpore a su plantilla de forma directa a los 64 empleados de la compañía Eulen que prestan servicio en cinco bibliotecas lleva al Gobierno local a intentar municipalizar su labor mediante su ingreso en la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa). La Junta Local de Gobierno aprobará hoy la licitación del contrato para gestionar estos cinco recintos municipales por un máximo de 2,4 millones de euros a partir del próximo mes de enero y por el plazo de un año, durante el que Emvsa solicitará informes y efectuará consultas que confirmen la posibilidad de integrar a los trabajadores de Eulen y además realizará un proceso selectivo para llevarlo a cabo.
El informe que analizará hoy la Junta de Gobierno detalla que una disposición de los Presupuestos del Estado de este año impide convertir en empleados públicos a los de una empresa concesionaria de la Administración una vez que se acabe el contrato, incluso si se debe a un rescate del mismo. Otra disposición prohíbe además considerar a estos trabajadores personal indefinido no fijo, con la única salvedad de que exista una sentencia judicial que obligue a hacerlo.
Según se explica en el informe, la aprobación de esa prohibición hace suponer "que esta no existía con anterioridad", pero que una vez vigente "implica necesariamente la inviabilidad de la fórmula de remunicipalización" que había propuesto la comisión de estudio para las bibliotecas Infantil y Juvenil, de Os Rosales, el Ágora, el Fórum y la Sagrada Familia que creó el Gobierno local en junio de 2016, que consistía en la subrogación del personal que Eulen mantiene en esas instalaciones y sobre la cual el propio secretario municipal había expresado dudas acerca de su legalidad.
Pero el mismo presupuesto estatal que cerró la puerta a la municipalización directa abrió una rendija para acometerla mediante otra fórmula. La misma disposición fue modificada por el Gobierno central para permitir la posibilidad de incorporar a trabajadores de empresas concesionarias a sociedades públicas, aunque siempre que sea a través de un concurso en el que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los empleados que ingresen así en la plantilla de estas empresas públicas no serán contabilizados para calcular la tasa de reposición de la administración afectada, el Concello coruñés en este caso.
El informe que llega hoy a la Junta de Gobierno advierte sin embargo de que este proceso "exigiría la tramitación de una modificación de la relación de puestos de trabajo del Concello", ya que sería necesaria la inclusión de los responsables de dirección y coordinación del servicio en las cinco bibliotecas. Emvsa por su parte tendría que poner en marcha la selección de personal para incorporar a los hasta ahora trabajadores de Eulen.
Para hacer posible el desarrollo de esos trámites administrativos sin que se suspenda el servicio en las bibliotecas, el Gobierno local licitará un contrato para gestionarlas, pero en el que la facturación se hará "por las horas de servicio realmente solicitadas por el Concello y prestadas por el adjudicatario en cada momento". Esta condición se establece ante la previsión de que los trabajadores de Eulen se incorporen de forma progresiva a Emvsa, lo que reduciría en la misma medida las horas de servicio que preste la empresa que se contrate a partir de enero.
En el acuerdo que se someterá hoy a la aprobación de la Junta de Gobierno también figura la propuesta de que se encargue a Emvsa la consulta a los órganos competentes de la Administración General del Estado sobre la legalidad del proceso para asumir a los trabajadores de las bibliotecas. El concejal de Culturas, José Manuel Sande, explicó ayer que el objetivo de ese dictamen es que "no haya sobresaltos" a la hora de desarrollar la iniciativa.
Según Sande, la fórmula que pretende aplicar el Concello para municipalizar al personal de los cinco centros cumple la legalidad y garantiza la conservación de los puestos de trabajo, aunque los empleados tendrán que superar un proceso selectivo al que, afirmó, ya manifestaron su aceptación en el pasado.
El informe que sirve de base para dar comienzo a la municipalización recuerda que esta iniciativa se justifica por razones económicas, ya que se pretende reducir los costes del servicio. El Gobierno local calculó en 500.000 euros el ahorro que le proporcionará la integración en la plantilla municipal de estos empleados cuando inició este proceso en junio de 2016.
El Área de Cultura pretende reformar la gestión de la red de bibliotecas de forma que el personal de sus servicios centrales sea funcionario, al igual que las direcciones de las seis bibliotecas de barrio, cuyos empleados pertenecerían a Emvsa. El proyecto sugiere, además, que las bibliotecas de Estudios Locales e Infantil y Juvenil sean el germen de una Biblioteca Central.
