La necesidad de incrementar la recaudación fiscal para hacer frente a las necesidades financieras del Estado lleva a la Agencia Tributaria a reforzar de forma importante su labor de inspección contra el fraude. Las más de 2.000 visitas efectuadas en 2016 en Galicia por los inspectores para localizar actuaciones irregulares supusieron un crecimiento del 38% con relación a las del año anterior. Pero si se tienen en cuenta solo las dedicadas a la economía sumergida, en la que se encuentran los alquileres de viviendas no declarados, el aumento llega hasta el 50%, ya que es una de las actividades en las que tradicionalmente se concentra el fraude.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que el importe de los alquileres en negro en Galicia sobrepasa los 86 millones de euros cada año, por lo que la Agencia Tributaria revisa con tenacidad los portales inmobiliarios en los que se ofertan viviendas de alquiler para comprobar cuáles de sus propietarios declaran rendimientos por esta actividad.

Pero los técnicos también tienen otras vías para descubrir a aquellos que incumplen con sus obligaciones fiscales en el mercado inmobiliario, puesto que recurren a la revisión de las facturas de los servicios energéticos que le proporcionan las propias compañías para luego verificar si un fuerte aumento de la facturación se corresponde con el inicio de un contrato de alquiler que no ha sido declarado por el propietario.