El conflicto laboral de los funcionarios municipales de 2007 vivía, en el verano de hace diez años, uno de sus momentos más tensos. El Concello decretaba la suspensión de las vacaciones de todos los policías locales y bomberos en agosto para paliar la falta de personal que padecían ambos servicios, sobre todo, por el aluvión de bajas médicas que se presentaron. El Gobierno municipal ordenaba la incorporación de los que ya se encontraban de descanso y anulaba los que lo tenían en días posteriores.
La decisión afectaba a la quinta parte de la plantilla, compuesta por unos 300 agentes y 100 bomberos. El Ejecutivo respondía así a las carencias de personal que sufrían ambos cuerpos, después de que algunos miembros pidiesen días libres y bajas y obligasen a realizar los servicios con la mitad de los efectivos habituales. En público, nadie del Gobierno local, formado por PSOE y BNG, querían vincular estas enfermedades con el conflicto laboral abierto.
El presidente de la Junta de Personal, Manuel Aceña, declaró no sentirse sorprendido por la decisión del Concello y la interpretó como la constatación de que la Policía Local y los bomberos "no están tan bien como dice el Gobierno local". "La suspensión de las vacaciones entra en el marco legal, pero no es lo que más ayuda en el conflicto; bastante caliente está la situación como para que la gente que ha cumplido su año de trabajo no se pueda ir de vacaciones", censuraba.
