La municipalización de la red de bibliotecas municipales que aborda el Gobierno de Marea mediante el ingreso de sus 64 trabajadores en la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) ocupó una moción plenaria, impulsada ayer por el grupo del PP, que, aunque fue aprobada por el apoyo que recibió del PSOE -el BNG se abstuvo y el Gobierno local se opuso-, no despejó las dudas que ha manifestado hasta ahora la plantilla de las cinco instalaciones por la continuidad de sus empleos, para los que reclaman la subrogación.

La iniciativa de los populares solicita al Ejecutivo municipal que desista de la licitación del contrato para gestionar las bibliotecas por un máximo de 2,4 millones de euros a partir del próximo mes de enero y por el plazo de un año, durante el que Emvsa solicitará informes y efectuará consultas que confirmen la posibilidad de integrar a los empleados de la adjudicataria del servicio, Eulen, y además realizará un proceso selectivo para llevarlo a cabo.

La moción también insta a convocar de manera urgente la comisión especial para la remunicipalización de la red de bibliotecas con el fin de "abordar la caótica situación actual y aclarar todas las incertidumbres que ha generado el incumplimiento de la promesa de remunicipalización de la Marea". Este argumento fue empleado por la portavoz del PP, Rosa Gallego, para acusar al Gobierno local de no ajustarse a su programa electoral al no haber realizado la transición del modelo privado al público en la gestión de las bibliotecas.

El PSOE y el BNG insistieron en la incertidumbre del personal de los recintos municipales por sus puestos de trabajo, ya que alegan que la licitación del contrato que ha propuesto el Gobierno local no asegura la subrogación. El edil socialista José Manuel Dapena lamentó que la "prometida remunicipalización se aleje". La portavoz nacionalista, Avia Veira, exigió que el pliego del contrato contenga "más medidas garantistas" para los trabajadores, de los que, dijo, "están desilusionados" al haber perdido las esperanzas de que su servicio pase a tener una gestión municipal, una modalidad que impide la ley.

Al formular Veira una pregunta sobre las garantías de la conservación de los empleos por "la falta de órganos y personal que tiene Emvsa", el concejal de Culturas, José Manuel Sande, respondió que la subrogación está asegurada y que el contrato licitado incluye cláusulas sociales, aunque su duración es de dos años.