El grupo del PP preguntó al Gobierno de Marea en el pleno del lunes si el Concello había devuelto el impuesto de la plusvalía municipal a los más de cien reclamantes en la ciudad que han solicitado su reembolso, después de que el Tribunal Constitucional tumbase en mayo pasado el cobro de este tributo en los casos en los que las ventas de las propiedades inmobiliarias se efectúen por menos dinero del precio de compra original. La edil de Facenda, Eugenia Vieito, respondió que la plusvalía ha de seguir cobrándose por las transacciones en las que sí se produce el aumento del valor de la propiedad, algo que debe determinar una fórmula de cálculo que indique si ese valor crece o decrece, como dicta el fallo del Constitucional.

El establecimiento de esa fórmula, que estima el valor catastral de las construcciones y el número de años que se tienen en propiedad, no depende de los ayuntamientos, sino que corresponde al legislador, por lo que los municipios han apremiado en los últimos meses al Ministerio de Hacienda para que modifique el impuesto de la plusvalía adaptándolo a la sentencia del alto tribunal que lo declara parcialmente inconstitucional.

Por esa razón, sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya resuelto legalmente todavía la revisión del cobro de la plusvalía, Vieito no respondió a la pregunta concreta de los populares, quienes reclamaron "simplificar las exigencias probatorias a los contribuyentes" para demostrar que sus propiedades perdieron valor tras cambiar de manos y poder recuperar las cantidades que abonaron por el tributo. "Puede decirle a sus compañeros [en alusión al Ejecutivo estatal del PP] que vayan regulando de una vez este impuesto porque el método de cobro lo cambia el Estado, no los concellos. Nosotros estamos buscando una solución para no perjudicar", comentó la concejal de Facenda.

El Ayuntamiento había recibido a comienzos del mes de julio 102 reclamaciones de devolución de la plusvalía, pero según fuentes municipales ninguno de los solicitantes había presentado pruebas de que sus viviendas o locales hubieran perdido valor al ser vendidas, condición necesaria para que la administración local reembolse el importe del tributo. El Concello ha ingresado 22 millones de euros por este concepto entre los ejercicios 2012 y 2016.

Los afectados que reclamen la devolución de la plusvalía tienen que aportar como pruebas a cada ayuntamiento las escrituras públicas de sus propiedades y las tasaciones periciales que demuestren la pérdida del valor, para que así se les reintegren las cuantías abonadas anteriormente por el impuesto.

Los contribuyentes que, por el contrario, deban pagar la plusvalía porque no han sufrido pérdidas al vender un inmueble tendrán que cumplir con Hacienda pagando al ayuntamiento en el que residen, aunque no por la diferencia entre los precios reales de adquisición y los de venta, sino según las estimaciones elaboradas a partir del valor catastral. En Galicia hay 115 concellos que aplican la plusvalía y que en 2015 recaudaron más de 41 millones de euros para sus arcas.

El Gobierno estatal está tramitando un proyecto de reforma de la Ley de las Haciendas Locales para adaptar el impuesto a la resolución del Constitucional que anuló su cobro cuando no se producen ganancias en la venta. El cambio evitará problemas de inseguridad jurídica que puedan surgir a la hora de solicitar cada concello el pago de la plusvalía, ante los que podrían abrirse litigios entre los contribuyentes y las administraciones locales. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido resolver la reforma legal sin demoras.