Casi veinte años del primer pleito. La sexta vez que el Tribunal Supremo se pronuncia. El derribo del edificio Fenosa acaba de llegar a una estación termini en los juzgados. Lo que queda a partir de ahora será saber, probablemente también con jueces de por medio, cómo se demuele, qué le costará al Concello y quién pagará lo que puede convertirse en el mayor revés de la historia del urbanismo en la ciudad después del caso Someso, también bajo el mandato de Francisco Vázquez. "Consecuencias gravísimas" para el patrimonio municipal que ya augura que tendrá que afrontar el Gobierno municipal, tras conocer que el Alto Tribunal ha dado el portazo definitivo, con su última providencia, al intento del Ayuntamiento de parar la condena que pesa sobre el inmueble de Fernando Macías desde 2001: solo se puede legalizar el edificio Fenosa deshaciendo las obras ilegales de Fadesa en 1997.
El Tribunal Supremo ha cerrado, con esta providencia emitida en julio y comunicada ayer, la vía de casación. Ha inadmitido el recurso tanto del Concello coruñés como de los propietarios del edificio. Intentaban ambos actores que los magistrados aceptasen que era legalmente imposible ejecutar la orden judicial de restituir al inmueble a su estado previo a la reforma, declarada ilegal por no ajustarse al planeamiento en vigor en aquel momento.
El Concello esperaba esta resolución del Supremo desde el septiembre pasado, cuando recurrieron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que se basaba a su vez en otro contundente fallo del Supremo confirmando como acatable la orden de derribo. Los jueces ponen así fin a los intentos de demolición parcial del edificio, un proyecto municipal con una inversión controlada de 1,5 millones de euros que se presentó como alternativa ante los jueces para tratar de devolver la legalidad a esta manzana de la zona noble del barrio de Riazor, con soluciones como la eliminación de los torreones y voladizos, argumentando que la opción integral era imposible de materializar. Insistía el Concello en que sería absurda la demolición total cuando, una vez consumada, el inmueble podría ser reconstruido de acuerdo con el ordenamiento vigente.
Esta hoja de ruta que había iniciado el Ejecutivo popular llegó a ser aceptada en alguna sentencia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pero no pasó el filtro del Supremo, que en abril de 2016 le dio un volantazo a la senda municipal con una sentencia que ha condicionado todo intento posterior y que ha desembocado en la reciente providencia a la que se enfrenta el Ayuntamiento.
En su dictamen de abril, el Supremo cargaba, no solo contra el Concello, sino también contra el Alto Tribunal Gallego. Obligaba de forma meridiana a proseguir la ejecución de la sentencia del Superior de 2001 "en sus propios términos mediante la demolición de las obras de rehabilitación ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada en el citado fallo, para que el edificio en cuestión quede en la situación en que se encontraba antes del otorgamiento de aquella", sin que proceda actuación administrativa alguna cuya finalidad "sea eludir el cumplimiento de la indicada sentencia". Acusaba al Concello de no actuar "de buena fe" y reprochaba a los magistrados gallegos que tratasen de "justificar el incumplimiento" del fallo.
Indemnizaciones y culpables
"Lamentablemente, no llegamos a tiempo", señaló ayer el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, en un comunicado, después de que el Gobierno municipal conociese la providencia del Tribunal Supremo, que además impone costas al Concello, a pagar a partes iguales con la comunidad de propietarios, de 3.000 euros, que se han de abonar al denunciante del edificio Fenosa y a Fadesa, como parte personada.
Varela defiende que, desde su llegada, el Gobierno actual realizó "un esfuerzo muy importante, con el objetivo de minimizar las consecuencias de la mala gestión urbanística del pasado" pero que, "lamentablemente", no han llegado a tiempo después de veinte años en los tribunales.
Varela asume que el Concello tendrá que afrontar "consecuencias gravísimas para el patrimonio municipal, que no es el de este gobierno, sino el de todos los coruñeses y coruñesas, además, por supuesto, de las personas directamente afectadas". Indica que ayer mismo se puso en contacto con los representantes de los residentes en el edificio y advierte que el Ayuntamiento no se hará cargo de "nada que no le corresponda" y que explorarán "todas las vías para exigir responsabilidades a los responsables de esta situación".
El edil de Rexeneración Urbanística indica que, reabierta la orden de cumplimiento de la sentencia para devolver al edificio a 1997, ahora es el momento de determinar "la forma concreta de ejecución de la sentencia, así como de fijar las máximas garantías para las personas afectadas". En este momento también, según señalaron fuentes municipales, "habrá que determinar las indemnizaciones". En todo caso, la demolición no va a ser "inmediata", indican las mismas fuentes, porque quedan "trámites y procedimientos judiciales".
"En este tema, desde luego, hay unos responsables políticos, si hubiesen hecho las cosas de otra manera, tanto en la gestión urbanística como en el ámbito judicial, hoy no estaríamos en la situación en la que nos encontramos", comenta en la misma nota de prensa el concejal de Urbanismo, que asegura que "cumplirán con la legalidad y defenderán el interés público y también el de las personas directamente afectadas, procurando que el impacto sea el menor posible".
