La extinción de la concesión de la Compañía de Tranvías, prorrogada por el Concello a finales de 2016 por un máximo de dos años, hasta el 30 de noviembre de 2018, aterriza en los tribunales. La adjudicataria del servicio del transporte público urbano ha promovido un recurso judicial para defender la vigencia de su contrato hasta 2024, como rubricó en el convenio firmado en 1987. El Ayuntamiento aprobará hoy personarse en el proceso.

Este paso dado ahora por Tranvías sucede a la desestimación del Concello del recurso de reposición presentado por la empresa contra la decisión acordada por el Gobierno local en noviembre del año pasado de dar por finalizada la concesión, en cumplimiento de una normativa comunitaria de 2007 que limita a 30 años el periodo de gestión de servicios públicos de transporte en los contratos adjudicados sin concurso, como ocurrió en este caso.

La compañía recurre a la vía judicial después de que el Ayuntamiento, en junio pasado, tumbase sus alegaciones por la extinción en 2016 del contrato ahora prorrogado dos años más, y dos meses después de que el Gobierno de Marea aprobase iniciar los trámites para redactar las condiciones del nuevo concurso para el servicio de transporte urbano, que deberá estar listo a finales de 2018, cuando concluya la prórroga.

Aunque este proceso ya está en marcha, el Concello y Tranvías han iniciado conversaciones sobre la posible vigencia de la concesión hasta 2024, que podría estar condicionada por una reducción sustancial de las tarifas del bus urbano, como defiende el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, el Ejecutivo local también ha solicitado a la Comisión Europea si puede mantener el contrato con Tranvías hasta dentro de siete años, según preveía el contrato de 1987, mientras que la empresa no descarta reclamar mediante el recurso judicial una compensación en caso de tener que abandonar su actividad el próximo año.

El informe de la Asesoría Jurídica municipal que rechazó el recurso de reposición de Tranvías se apoyó en una consulta de la situación remitida por el Concello a instancias europeas a petición de la concesionaria por las "diversas interpretaciones" que en su opinión suscita la norma comunitaria.

Entre los argumentos expuestos por la empresa que tumba el documento jurídico estaba una "modificación sustancial" del contrato hecha en 1996 por la gestión del tranvía turístico y las "consecuencias jurídicas y económicas indebidas" que generaría el fin de la concesión. El informe municipal replica por un lado que Tranvías no realizó pruebas de impacto de la gestión del tranvía y, por otro, que la Comisión Europea no se mostró en condiciones de juzgar el alcance de esas "consecuencias" para la compañía de acuerdo con las informaciones de que disponía.