La próxima primavera es el plazo al que mira el Gobierno de Marea para tener lista para licitar la concesión del servicio de transporte público en la que comenzó a trabajar este verano. Con esa previsión, el proceso arrancaría unos seis meses antes de que finalice la prórroga de dos años que desde el 1 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento concedió a la Compañía de Tranvías, adjudicataria del bus urbano desde 1987.
El alcalde, Xulio Ferreiro, avanzó ayer este plazo de la próxima primavera a propósito del personamiento del Concello, aprobado en Junta de Gobierno Local, en el recurso judicial interpuesto por Tranvías para reclamar la vigencia hasta 2024 del contrato suscrito durante el Gobierno de Francisco Vázquez. Una ley europea limita a 30 años la concesión de los servicios públicos de transporte en los contratos adjudicados sin concurso, como ocurrió con este. Según esa norma, la concesión ahora prorrogada por un periodo de dos años concluía en noviembre de 2016.
Tranvías recurre a la vía judicial después de que no prosperase por cauces administrativos el recurso de reposición que presentó al Concello, que tumbó sus argumentos para mantener la concesión hasta 2024 tras realizar una consulta a la Comisión Europea a petición de la compañía debido a las "diversas interpretaciones" que cree que suscita la ley comunitaria.
El Concello desconoce por ahora las demandas que contiene el recurso judicial, aunque supone, con la base de las disposiciones del ordenamiento jurídico, que serán las mismas que recogía el recurso de reposición administrativo, según comentó Ferreiro. El alcalde explicó que los servicios municipales trabajan en aspectos técnicos, económicos y jurídicos, con asistencia de especialistas, para elaborar los pliegos de la nueva concesión.
La administración local ha consultado de nuevo a Bruselas si puede mantener hasta 2024 la vigencia del contrato de Tranvías suscrito en 1987, por lo que mantiene al mismo tiempo contactos con la compañía para negociar algunas condiciones del servicio en el caso de que pueda seguir desempeñando su gestión más allá del próximo año, cuando acabe la prórroga.
Uno de esos aspectos es el abaratamiento de las tarifas, como pretende el Gobierno municipal, motivo que podría llevar a Tranvías a reclamar algún tipo de indemnización. La adjudicataria incrementó sus beneficios un 11,4%, hasta alcanzar los 4,5 millones, en 2016, según recogen las cuentas del pasado ejercicio. El Ayuntamiento aporta 8,2 millones de euros en el presupuesto de este año en concepto del bonobús urbano, para que Tranvías pueda aplicar las distintas bonificaciones a usuarios del servicio.
