La unión de Panaderas con San Agustín obliga a derribar un muro en la parte del mercado y adquirir un inmueble, el número 19 de la vía superior, una unidad catastral propiedad del Arzobispado de Oviedo. El edificio, de tres alturas y con galerías protegidas, tendrá que ser comprado o expropiado, lo que puede costar a las arcas municipales un millón de euros, a lo que se añadirá la inversión de la ejecución del proyecto, en fase de redefinición. El Gobierno de Marea y el grupo del PSOE han pactado un cambio en el presupuesto, el noveno de las cuentas de 2017, para reservar el dinero que permita la "compra o expropiación" del inmueble necesaria para la conexión peatonal comprometida.

Una junta local de carácter extraordinario aprueba hoy esta modificación del presupuesto para que vaya al próximo pleno, previsto para el lunes 9 de octubre. Para consignar los 999.284 euros que calculan que hacen falta para que el inmueble pase a ser patrimonio municipal, se dan de baja algunas inversiones previstas. Concretamente, se retraerán 779.289 de la partida de actuaciones de accesibilidad en varios barrios, que aún no se han llevado a cabo o que han conseguido financiación externa, en el caso del itinerario entre Maestro Clavé y José Cornide, en el que colabora la Diputación. También se incrementarán otras dos partidas para completar el millón de euros necesario. La expropiación del bajo del edificio está prevista en el Plan especial de Pescadería y Ciudad Vieja.

Una vez adquirido el edificio de Panaderas, el siguiente paso será iniciar la redacción del proyecto técnico, algo en lo que los técnicos municipales ya trabajan, según asegura el Gobierno municipal en una nota, en la que el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, relata que esta "aspiración histórica" aparece recogida en el planeamiento desde mediados del XX y que, además de facilitarla accesibilidad, permitirá a los clientes del mercado estar mejor conectados con espacios de aparcamiento (el edificio de Panaderas está frente al parking del Papagayo). Los planes del Ejecutivo del PP, que presentaron a medio año de las elecciones, incluían como solución unas escaleras bajo las galerías protegidas. Serían de dos tipos, mecánicas y normales, y se añadía un ascensor, con un coste previsto de un millón de euros.