El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuya reducción exigían el año pasado PP y PSOE, no causará ahora un nuevo cisma entre Marea Atlántica y los socialistas al negociar las ordenanzas fiscales de 2018, ya que ambas partes han optado por dejar de lado la revisión del tributo para evitar la confrontación y buscar una caída de la carga tributaria mediante otras fórmulas. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la tasa por recogida de basuras, las deudas tributarias y las licencias de apertura son algunas de las vías mediante las que los dos grupos tratan de disminuir la presión fiscal sin necesidad de tener que modificar el IBI.

El voto particular presentado por el grupo socialista para conseguir la rebaja del tipo general del IBI desde el 0,6% al 0,57% motivó en noviembre del año pasado la renuncia por el Gobierno local a la modificación de los impuestos municipales mediante su retirada del orden del día del pleno en el que se había presentado. El PP apostaba por rebajarlo incluso hasta el 0,54% y con los votos de ambos grupos quedaría aprobada, por lo que el alcalde, Xulio Ferreiro, desistió finalmente de cambiar las ordenanzas fiscales.

Tras la subida de los tipos del IBI ordenada por el Gobierno central de Mariano Rajoy durante la fase más aguda de la crisis económica para incrementar la recaudación fiscal, conocida como el catastrazo, el Partido Popular promovió el año pasado en todos los ayuntamientos la reducción de este mismo impuesto.

Marea Atlántica se manifestó el año pasado partidaria de una rebaja en el IBI para los pequeños propietarios y las rentas más bajas, pero no de forma general, ya que consideraba que favorecería a los grandes propietarios. Los socialistas incluyeron la rebaja del IBI en el programa con el que concurrieron en las elecciones municipales de 2015, por lo que este año pretendían reiterar su exigencia de reducción del impuesto, aunque la nueva línea de entendimiento con el Gobierno local que mantienen en los últimos meses les lleva ahora a explorar otras vías.

El objetivo de los socialistas es incrementar la actividad económica en la ciudad liberando recursos que los ciudadanos deben destinar ahora a impuestos municipales, por lo que negocian con el Gobierno local iniciativas como la reducción del IAE a pequeñas y medianas empresas en función de su ubicación. Otra de las iniciativas sobre las que se trabaja es facilitar el pago de las deudas tributarias que ya se encuentren en la vía ejecutiva mediante el fraccionamiento en varios plazos.

Esta propuesta se está elaborando en colaboración con el colectivo Stop Desahucios, ya que al margen de la que se aplicaría con carácter general a todos los contribuyentes, habría una especial que proporcionaría más plazos a personas con mayor riesgo de exclusión social, como las perceptoras de la Risga o las amenazadas por un desahucio, que debería estar acreditado mediante informes.

La tasa por recogida de basura forma parte de las que se negocia, ya que se pretende introducir criterios de progresividad similares a los que ya existen en la del consumo de agua, entre los que figuraría la gratuidad para las personas en situación de vulnerabilidad.

En el campo del impulso económico también se proyecta implantar una cuota cero en las licencias de apertura de negocios cuando se produzca un traspaso que no implique un aumento de las actividades económicas que se desarrollen en el local. También se estudia la aplicación de una bonificación del 25% en la tasa de apertura para establecimientos con una superficie menor de 150 metros cuadrados, además de otras reducciones.

También forman parte de esta negociación rebajas en algunas tasas municipales, como las que se aplican por el uso de instalaciones destinadas a fines culturales, ya que afectan de forma directa al bolsillo de los ciudadanos.

La marcha de las negociaciones hace prever que habrá entendimiento, ya que se mantiene la tónica conciliadora de los últimos meses, que los socialistas atribuyen a la presencia del alcalde en las conversaciones. Fuentes del PSOE aseguran que en los encuentros no se plantean líneas rojas que no deban traspasarse, mientras que en su opinión en el pasado el planteamiento era de todo o nada. En cuanto a los plazos, a pesar de que no existe un límite temporal para las negociaciones, la necesidad de que los nuevos tributos entren en vigor al inicio del próximo año obliga a que el acuerdo esté cerrado este mes o en los primeros días de noviembre para evitar una demora.

Marea y PSOE analizan además la forma en la que se puede resolver el problema creado por el aumento en la tasa de depuración de aguas residuales aprobado el año pasado por el consejo de administración de la empresa gestora de la depuradora de Bens. Ese incremento debía ser trasladado por todos los ayuntamientos a sus ordenanzas fiscales, que en el caso de A Coruña debería haberse traducido en una subida de la cuota fija de 0,50 euros del recibo del agua para consumidores particulares y empresas. A estas últimas, la cuota variable por depuración les aumentaría además desde los 0,28 a los 0,35 euros por metro cúbico de agua consumida.

Los socialistas rechazaron esa subida en el pleno de noviembre del año pasado al considerar que era discriminatoria para A Coruña, ya que las principales afectadas son las grandes empresas consumidoras, todas ellas situadas en este municipio, que también se ve obligado a soportar la presencia de la depuradora. Para el PSOE es necesario analizar el impacto del incremento de la tarifa en cada municipio y en los diferentes tipos de consumidores, de forma que se establezca una compensación a las industrias coruñesas, en la actualidad perjudicadas por la aplicación del mismo aumento para todos los ayuntamientos.