El Gobierno local llevará al pleno del próximo lunes una propuesta para ampliar de tres a seis meses el plazo del que dispone para resolver los expedientes abiertos por infracciones contra la ordenanza de contaminación acústica. La modificación de la norma, según consta en la propuesta del Ejecutivo, obedece a que "en la práctica administrativa resulta imposible resolver los procedimientos sancionadores" en tres meses, lo que conlleva su caducidad.