06 de octubre de 2017
06.10.2017

Los vecinos del edificio Fenosa presentan un recurso de amparo ante el Constitucional

El Gobierno municipal solicita al Superior que permita el derribo parcial del inmueble, considerando que al ordenar la demolición total no se pronunció sobre ese proyecto

06.10.2017 | 01:56
Los intervinientes en el debate, durante el acto celebrado en el Sporting Club Casino.

El Gobierno local quema su último cartucho para tratar de evitar una indemnización multimillonaria por el derribo del edificio de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, anunció ayer en un debate sobre el problema generado por la construcción de este inmueble que el Concello presentó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un incidente de nulidad con el que pretende que determine si es posible llevar a cabo el proyecto de demolición parcial, del que destacó que no fue impugnado por ninguna de las partes que intervienen en este complejo caso. Por su parte, los vecinos han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional.

En el debate, organizado en el Sporting Club Casino por la Asociación Metropolitana Coruña 3.0 y en el que participaron representantes de todos los grupos municipales, el arquitecto Valentín Souto, promotor de la demanda presentada hace ahora veinte años contra la licencia concedida a Fadesa, anunció que los propietarios de las viviendas tienen previsto presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar el derribo total del edificio. Souto replicó además al anuncio de la nueva iniciativa judicial del Concello que en su momento no recurrió el proyecto de demolición parcial al creer que no era necesario porque lo consideró una "tomadura de pelo".

El coloquio supuso además la primera ocasión desde que se inició el conflicto en la que los dueños de las viviendas efectuaron una intervención pública para dar a conocer su opinión. A pesar de que él mismo destacó el interés de los propietarios en no dar a conocer su postura, el administrador de la comunidad, Juan José Castelo, pidió la palabra para negar que exista una solución política para este problema, ya que consideró que debe ser "jurídica y técnica". Castelo reprochó además a Souto por criticar la actitud de los políticos de los sucesivos gobiernos municipales y le instó: "Si cree que hubo prevaricación, vaya a los tribunales y denúnciela".

La actitud del administrador fue seguida por la de propietarios de viviendas, que afearon a los organizadores del debate que no les invitaran a participar en el coloquio. Uno de ellos denunció el "sufrimiento" que padecen por no poder vender sus viviendas y la incertidumbre sobre el futuro del edificio, al tiempo que aseguraron que nadie les avisó de que existía un proceso judicial en marcha cuando compraron los pisos.

Otro propietario, Francisco Martelo, acusó a Souto de ser un "frustrado" y de meterse en "un lío con la Justicia" en el que dijo que los habitantes del edificio son las "víctimas". El vecino reprochó al denunciante que "diga cómo tienen que actuar los jueces y los políticos" y sentenció: "Los que más hemos sufrido hemos sido nosotros".

Durante una larga exposición en la que esbozó la larga lucha judicial que mantiene desde 1997, Valentín Souto recordó que tras la providencia del Tribunal Supremo conocida en septiembre que reitera la orden de derribo del inmueble, la vía administrativa está cerrada de forma definitiva. "Si tenemos que seguir en alguna jurisdicción será exclusivamente en la penal", destacó el arquitecto, quien puso además de relieve que los funcionarios y cargos públicos que intervengan en la concesión de licencias urbanísticas contrarias a la Ley pueden ser castigados hasta con cuatro años de prisión.

Souto acusó a Fadesa de ganar 430 millones de pesetas con el exceso de edificabilidad que introdujo en el proyecto del edificio en relación con la que permitía el plan general y resaltó que durante el proceso judicial la empresa admitió que su iniciativa incumplía la normativa urbanística, aunque alegó que lo hacía porque sabía que iba a ser modificada, para lo que presentó documentos municipales que en teoría deberían ser secretos porque el nuevo plan se estaba redactando aún. El demandante también explicó que advirtió del riesgo de comprar las viviendas a algunas de las personas que tenían intención de hacerlo y aseguró que alguna de ellas lo ha reconocido públicamente.

"Lo preocupante es tener que escoger entre la ruina económica del Ayuntamiento y la ruina moral de la sociedad", se lamentó Souto en relación al interés de todos los grupos políticos por evitar el derribo, por lo que manifestó sobre ellos: "No se salva ninguno, todos han jugado a pasarse la patata caliente unos a otros".

El concejal de Rexeneración Urbana explicó que el Gobierno local busca la "solución menos gravosa" para el Concello y los propietarios, así como que si se aprecia que existe responsabilidad política por conceder la licencia al edificio, el equipo de gobierno no la "dejará pasar". Martín Fernández Prado negó que durante su etapa de concejal de Urbanismo del PP evitase reclamar esas responsabilidades políticas y justificó que su partido no crease una comisión de investigación en que al estar abierto el proceso judicial "es necesario no dar más armas al enemigo", en referencia a que los datos que se revelasen podrían beneficiarse al demandante.

"La peor solución es que se derribe el edificio", manifestó el portavoz del PSOE, José Manuel García, quien trató de justificar al gobierno socialista que concedió la licencia en 1997 al afirmar que los políticos están obligados a aprobar los proyectos que examinan los técnicos.

La nacionalista Avia Veira consideró que el Concello no debe afrontar el coste del derribo y las indemnizaciones porque Fadesa incumplió la licencia que se le concedió a pesar de que ya incumplía el plan general, y se pronunció a favor de que tanto la empresa como el Gobierno local presidido por Francisco Vázquez afronten esa responsabilidad "porque conocían la ilegalidad y se lucraron con ella".

Ciudadanos, que a pesar de carecer de representación municipal fue invitado al debate, manifestó mediante su portavoz, Miguel Ángel Rosende, que es necesario ejecutar la sentencia pero que debería llegarse a un "acuerdo intermedio" con el demandante.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
esquelasfunerarias.es