"He sido criminalizado", se lamentó el jueves Valentín Souto, el autor de la demanda que motivó la orden de derribo del edificio que albergó la antigua sede de Fenosa, al referir las reacciones que ha suscitado su lucha judicial, que cumplirá veinte años el próximo diciembre. El arquitecto, que tomó parte en un debate de la Asociación Metropolitana Coruña 3.0 sobre este asunto, recordó que Fadesa, la promotora del inmueble, le acusó de "actuar con mala fe" y que cuando años atrás trató de presentar un proyecto en el Ayuntamiento, un amigo le animó a desistir porque le informó de que era considerado "persona non grata".

Souto rememoró además que se vio obligado a preparar recursos judiciales mientras padecía graves problemas oculares y que, mientras el Ayuntamiento pleiteaba durante dos décadas con los gastos pagados por las arcas municipales, él tuvo que hacerlo con sus propios medios. Todas estas dificultades, además de la tenacidad de la que tuvo que hacer gala para defender su postura durante tantos años, hicieron que sus intervenciones en el salón de actos del Sporting Club Casino fueran recibidas con aplausos.

"Su actitud es heroica", manifestó una de las asistentes al acto, mientras que los representantes de los partidos políticos trataron de justificar su postura durante los últimos veinte años -contraria al derribo del edificio- y de capear las andanadas que Souto lanzó a todos ellos al acusarles de preocuparse más por evitar el pago de una indemnización millonaria que de defender la legalidad urbanística.

Era la primera vez que el demandante tomaba parte en un acto público para exponer sus argumentos, por lo que aprovechó para desvelar que incluso recusó al presidente de la sala del Tribunal Supremo que juzgó este caso porque un hermano suyo vive en el edificio, en el que aseguró que reside "lo más selecto y granado de la sociedad coruñesa". Estas palabras hicieron especial mella en parte del público, ya que algunos de los propietarios de las viviendas y locales del inmueble sobre el que pende la orden de demolición acudieron al Casino, y no solo para escuchar, ya que tras veinte años de silencio, decidieron expresar su rabia por la situación en la que se encuentran.

El administrador de la comunidad de propietarios, Juan José Castelo, fue el primero en abrir fuego al exponer las dificultades por las que pasan algunos de los habitantes del edificio, que no pueden vender las viviendas al estar inscrita la sentencia del Supremo en el Registro de la Propiedad. Uno de los propietarios negó ser una persona adinerada y explicó que había tenido que comprar el piso mediante una hipoteca.

Pero quien habló con más vehemencia fue el médico Francisco Martelo, quien dijo sentir repugnancia por el planteamiento de Souto, a quien acusó de ser un "frustrado" y de tener un "superego que le lleva a decir cómo tienen que actuar jueces y políticos". "Nosotros somos víctimas", proclamó Martelo, quien detalló la incertidumbre y zozobra que los residentes del edificio han padecido en los últimos años, por lo que sus vecinos aplaudieron sus palabras.

"Yo no soy su enemigo", replicó Souto a las protestas de los propietarios, a quienes dijo que su única intención es "evitar que hechos como este puedan repetirse". Las continuas referencias del demandante a las sentencias de los tribunales, que le dieron la razón una y otra vez, no sirvieron para aplacar los ánimos de los propietarios, cuya actitud aseguró "comprender perfectamente" a pesar de que considera que ellos no le comprenden a él.

Durante su exposición de la evolución del litigio, Souto recordó que cuando en 2001 se conoció la primera sentencia del Supremo, uno de los propietarios de las viviendas declaró en LA OPINIÓN que no había preocupación entre los afectados. "Tenemos detrás a alguien muy fuerte", explicó aquel vecino en referencia a Fadesa, por entonces una de las principales empresas inmobiliarias españolas. El demandante preguntó además a los perjudicados por qué durante todo el proceso judicial fueron de la mano de Fadesa, cuando fue quien les engañó al ocultarles la existencia de un pleito que se había iniciado antes de que comenzara la construcción del edificio.

Frente a las manifestaciones de afectados que negaban conocer que existiera la demanda cuando adquirieron los pisos, Souto recordó que informó personalmente a algunas de las personas que pretendían comprar y que una de ellas, el empresario Francisco Canabal, lo admitió públicamente.

El arquitecto comentó que incluso se le reprochó que no hubiera solicitado la paralización cautelar de las obras para evitar perjuicios, lo que justificó explicando que en el caso de que los tribunales hubieran fallado en su contra, Fadesa seguramente le habría exigido una compensación millonaria por este hecho.