La decisión de la Junta de Gobierno Local de rechazar la concesión de la licencia de construcción de un edificio de 40 viviendas sociales en el parque ofimático lleva al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a variar el proyecto original, en el que los técnicos del Concello apreciaron que se incumplía la legislación al superar la edificabilidad lucrativa máxima. Los reparos municipales se centraban en los trasteros y las zonas comunes de la planta baja, de los que se consideraba que excedían en 772 metros cuadrados la superficie máxima construida.

El IGVS presentó alegaciones a la denegación inicial de la licencia, aunque fueron desestimadas ayer por el Gobierno local, por lo que el organismo anunció también ayer que presentará un nuevo proyecto en el que los trasteros se situarán en un sótano no previsto hasta ahora. Al quedar libre la planta baja en la que se iban a situar esas dependencias auxiliares, se destinará para la instalación de locales comerciales, a pesar de que la Xunta admite que en la actualidad no existe demanda para ellos, ya que el polígono aún carece de edificios habitados.

La primera solicitud de licencia fue presentada en diciembre del año pasado y el Concello comunicó su primer dictamen en septiembre, por lo que la Consellería de Infraestruturas -de la que depende el IGVS- expresó ayer su exigencia de que "no se vuelva a repetir una demora de nueve meses" en la respuesta a la nueva petición del permiso municipal.

Pese a que el organismo autonómico aseguró que su primer proyecto se ajusta a la legislación, decidió no presentar un recurso con el fin de no retrasar más la puesta en marcha del proyecto. A pesar de todo, la necesidad de modificar el diseño del edificio obligará a demorar su ejecución, que ya no podrá realizarse con la partida existe en los presupuestos de la Xunta de este año, así como a incrementar su coste, fijado inicialmente en 5,5 millones de euros.

Infraestruturas no hizo mención ayer de otro de los motivos por los que el Concello le denegó la licencia, el impago de las tasas municipales y del impuesto de construcción. La consellería alegó que esos gastos los abona la empresa adjudicataria de las obras, según acostumbra a hacer en esta clase de actuaciones, a lo que el Gobierno local le replicó que no le obligan los acuerdos que haya alcanzado con terceros y que no cobrarle esas cantidades supondría una discriminación con respecto a los contribuyentes.

El edificio de viviendas sociales es una de las actuaciones del IGVS en el ofimático, donde iniciará en breve la urbanización de dos parcelas de uso comercial para hacer posible la instalación de dos supermercados pertenecientes a los grupos Vegalsa-Eroski y Lidl. Una tercera parcela de este tipo también será urbanizada ante la inminencia de su adjudicación a otra empresa, según el organismo.