El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó el martes un acuerdo con Puertos del Estado y sin el Concello que garantiza que La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo no se venderán. Así, el protocolo aún sin cerrar que avanzó con pocos detalles el máximo responsable autonómico blindaría la titularidad pública del 18,7% del total de los terrenos portuarios que se preveían recalificar y poner a disposición de terceros, un total de 476.008,5 metros cuadrados.

EBatería y Calvo Sotelo. Son los que antes se liberarán de actividad portuaria. Van desde Transatlánticos, lindando con Palexco y Méndez Núñez hasta la plaza de Ourense. Suman 64.397 metros cuadrados, un 13,5% de las tres zonas con las que, según los planes de empresa del Puerto, se pretendía hacer caja para pagar el coste y el sobrecoste de la construcción del puerto exterior y el traslado de la industria marítima contaminante a la dársena arteixana. El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) prevé en la zona comercios, hoteles y oficinas, con edificaciones de hasta nueve alturas. Su ficha reserva un 88% para uso terciario y un 12% para terciario-hotelero. Los espacios libres ocuparían 33.500 metros cuadrados. El diseño de Busquets propone soterrar toda la avenida do Porto para que los jardines tengan continuidad hacia el mar, demoler edificios institucionales y conservar las grúas de Calvo Sotelo.

¿Qué prevén Xunta y Concello para esta zona? Núñez Feijóo dice que serán públicos pero que su propiedad y sus usos [los que se debe fijar el plan general cuya competencia es municipal] aún no están definidos. Solo explica que se pondrá a disposición de la ciudadanía. El Concello, por su parte, encargó este verano una propuesta de transformación integral de la costa. El Gobierno de Marea apuesta por espacios libres y de esparcimiento y descarta cualquier tipo de centro comercial. En alguna declaración pública, sugirió la creación de un museo del mar o de la emigración, y un centro de investigación sobe la historia del agua y de la ciudad.

ESan Diego. Entre la lonja y Oza está el otro gran espacio de transformación, el que tardará más en liberarse porque depende del desarrollo del tren a Langosteira, con su financiación en el aire; y del traslado de Repsol, cuya primera fase finalizará en 2018 pero a la que le faltaría la segunda mudanza. Comprende Linares Rivas, Palloza, muelle del Este, San Diego, petrolero y Centenario. La superficie son 377.057,96 metros cuadrados, un 80%. Para pisos, un 86,96% de los usos. Un 13,04% sería terciario (comercio, oficinas...). Los espacios libres ocuparían 91.800 y hay reservados 46.104 para equipamientos. En resumen, un barrio, "una microcentralidad", con una intermodal aprovechando la terminal de San Diego. Serían más de 4.000 pisos de hasta 6 plantas, aunque se permiten 10 para "enfatizar algunos espacios principales del plan".

El plan de la Xunta y Puertos para San Diego está "por diseñar", afirmó Núñez Feijóo, algo que deja para 2020 y que vinculó con los fondos del puerto exterior y, por tanto, con su venta. Dijo que encargará un estudio para "monitorizar posibilidades" y definir un futuro que debe estar fijado en la revisión de los convenios de 2004 y en el PGOM, de competencia municipal ¿Y el Concello? Abrió la mano a negociar los usos de la zona pero los vinculó, no a la construcción, sino a un aprovechamiento productivo, una "ciudad del mar", con industrias limpias ligadas al mar, nuevas tecnologías, engreías...

ELa Solana y el hotel Finisterre. Ocupan 24.823 y 9.730 de superficie. El Concello está tramitando un cambio en el PGOM para que la Solana sea suelo público, para evitar la subasta pretendida por el Puerto y adquirirlo como patrimonio municipal. En la tramitación, la Dirección Xeral de Territorio le ha exigido que explique si va a comprarlo, como pretendía, o expropiarlo, posibilidad que le da la ley y que el alcalde ha amenazado con usar si no se garantiza su titularidad pública. El presidente de la Xunta afirmó que, tras el acuerdo con Puertos, será público, pero se quedará en régimen de concesión como propiedad portuaria. La concesión acaba en 2027 por lo que, llegado a este punto, tendrían que volver a sacarla a concurso. El Finisterre se venderá. En el cambio del PGOM tramitado se excluye esta instalación hotelera.

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