La planificación de la venta de muelles para financiar el puerto exterior no resiste un mínimo repaso a la hemeroteca. Esa gran operación inmobiliaria nacida en 2004 en el mismo parto que la dársena de punta Langosteira suma incumplimientos de plazos desde su gestación. 2013, el año inicial para la liberación y venta de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y Petrolero, se ha superado con creces. Mucho más 2009, en el que Macario Fernández-Alonso, presidente de la Autoridad Portuaria de 2005 a 2009, pretendía poner en el mercado el de BateríaMacario Fernández-AlonsoBatería. Año tras año se han ido incumpliendo plazos y anuncios, condicionados por la complejidad y duración de la obra de Langosteira, y por el traslado a cuentagotas de las empresas que ocupan estos cuatro muelles.

Los últimos plazos marcados por la Autoridad Portuaria, recogidos en su plan de empresa para este año, alargan el comienzo de este proceso, al menos, hasta 2019. La liberación de espacio arrancará en Batería y Calvo Sotelo, 64.397 metros cuadrados situados detrás de la Jefatura Superior de Policía y la Delegación del Gobierno. El Puerto prevé dedicar este año y el próximo a completar los trámites previos a la mudanza de empresas, con las que, en algunos casos, aún trata su traslado a Langosteira.

Más compleja resulta la operación en San Diego y Petrolero, que suman 377.057 metros cuadrados y cuyo nuevo uso depende, fundamentalmente, del traslado de Repsol a punta Langosteira. La primera parte de esta mudanza, ya firmada, prevé la liberación de 26.397 metros cuadrados en mayo de 2021. Para la segunda, Autoridad Portuaria y compañía aún están en negociaciones. El ente público, en su plan de empresa vigente, se marca este año para plantear un "documento de negociación", con el objetivo de cerrar el acuerdo antes del 1 de enero de 2019. A este pacto debe unirse también el traslado del resto de la actividad portuaria que en la actualidad se desarrolla en los muelles de San Diego y Petrolero.

El acuerdo sellado en mayo de 2013 entre la Autoridad Portuaria y la multinacional petrolera para la mudanza del 60% de la actividad de la compañía en esos muelles establece que la concesión de Repsol en la dársena exterior deberá comenzar antes del 14 de abril de 2018. Aunque la empresa ha admitido retrasos sobre estos planes que pueden, dice, ser remediados, el Puerto señala en sus cuentas de 2016 que este traslado "avanza al ritmo previsto".

Los 26.397 metros cuadrados que quedarán liberados en virtud de este acuerdo no quedarán a disposición del Puerto de inmediato. El convenio con Repsol concreta que, una vez que se consume el traslado, pasará un año antes de que esa parcela quede fuera de la concesión de la petrolera, que dispondrá de otros doce meses para desmantelar sus instalaciones. Después deberá acometer la descontaminación del suelo, que el convenio aplaza hasta el traslado total de Repsol, aún no cerrado, salvo que el Puerto permita a un tercero ocuparlo antes. En ese caso, la petrolera tendrá otro año más para la limpieza de la parcela, por lo que, en el más rápido de los supuestos, la salida total de Repsol no será efectiva hasta abril de 2021.

Esos son los plazos para la liberación de muelles, un proyecto que culminará, como muy pronto, 17 años después de la gestación del puerto exterior en los salones del Palacio Municipal de María Pita. Queda definir los usos, la gestión y la propiedad de esos muelles.

Xunta y Puertos del Estado, a espaldas del Ayuntamiento y sin la presencia del Puerto, han anunciado esta semana que dan marcha atrás, como reclamaba la Corporación local por unanimidad, a la venta de Batería y Calvo Sotelo, que seguirán engrosando el patrimonio del Puerto. Nada han dicho, sin embargo, de si dejan vigentes los planes de construir edificios comerciales e institucionales. Sobre San Diego, mantienen la venta, en contra del criterio del Ayuntamiento, pero remiten a un "estudio concreto" sobre ese ámbito. El Gobierno local propugna un desarrollo de los muelles liberados al estilo de Bilbao, con un consorcio formado por las distintas administraciones que combine los usos públicos con la obtención de recursos que permitan "aligerar" la carga financiera de la Autoridad Portuaria, con 308 millones de euros de deuda por la obra de la dársena exterior.