La demolición, total o parcial, se cierne sobre el edificio número 13 de la avenida de San Roque de Afuera. El alcalde, Xulio Ferreiro, confirmó ayer que el Concello solo tiene esa vía para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a adoptar esta medida al considerar nula la licencia municipal concedida en 2002 por el Gobierno local de Francisco Vázquez. Tras el requerimiento efectuado el pasado día 11 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 en este sentido, Ferreiro aclara que "la única forma" de acatar el fallo judicial es "derribar el edificio completo o adaptándose al PGOM actual". Si se optara por esta segunda vía, el derribo afectaría a "entre el 30% y el 40% del volumen" del inmueble, según explicó.

En relación con el plazo de cinco días fijado por el juzgado para que le comunique el estado de la ejecución de la sentencia, el alcalde detalló que se le informará sobre las gestiones efectuadas, como los informes técnicos, la valoración y la propuesta de actuación para aplicar el fallo judicial.

Ferreiro reprochó al Partido Popular su gestión sobre este problema, ya que destacó que el auto del juzgado "dice que lo que se hizo en 2015 no era válido", en referencia a la solución que el anterior Gobierno municipal planteó para evitar la demolición del edificio. El regidor recordó que el entonces concejal de Urbanismo y ahora edil del PP, Martín Fernández Prado, dijo "varias veces" que el problema de San Roque de Afuera "estaba resuelto" y que ahora el juzgado rebate esa afirmación.

El juzgado critica la nueva licencia concedida por el Concello para cumplir el fallo, ya que estima con ella "elude el cumplimiento de la sentencia dictada" al referirse solo a la "demolición de elementos discordantes con la legislación", por lo que considera que no supone una "licencia nueva de ejecución del edificio".

Para Ferreiro, el caso de este inmueble es "una muestra más" en la ciudad de las consecuencias de "no tener un cuidado exquisito con el urbanismo". En su opinión, las "imprudencias cometidas hace décadas" tienen repercusiones "complicadas" tanto para los propietarios de las 17 viviendas afectadas por la orden del derribo como para el propio Concello, que se verá obligado a acometer esas obras.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 dio el día 11 al Concello un plazo de un mes para que acreditase "el comienzo de la ejecución de la sentencia" y le advirtió de que si se superaba ese periodo de tiempo le sería impuesta "la primera multa coercitiva de 1.500 euros", así como que informaría al Ministerio Fiscal por si la actuación municipal constituyera un delito de desobediencia.

El requerimiento del juzgado es consecuencia del auto dictado el 5 de octubre de 2016 que establecía un plazo de seis meses para que el Concello presentara un proyecto de demolición y ejecutarlo. La alternativa sería un plan para que se concediera el inmueble una licencia de edificación, ya que para el juzgado no existe y por lo tanto no es posible demoler solo una parte del mismo, como proponían el Gobierno local del PP y los propietarios de las viviendas, sobre la base de un permiso municipal inexistente.

El conflicto de San Roque de Afuera parte de la licencia concedida por el Concello en 2002 para levantar un edificio de 17 viviendas sobre la parcela de una propietaria que la vendió a cambio de que le proporcionaran uno de los pisos. Esta mujer recurrió la licencia cuando el inmueble aún estaba en obras al entender que la fachada no se ajustaba al plan general. Un primer fallo dio la razón al Concello, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en 2005 la licencia al considerar que los vuelos de la fachada superaban lo permitido.

El Ayuntamiento exigió entonces a Promociones San Roque de Afuera la elaboración de un proyecto de reforma del inmueble para adaptar los voladizos, balcones y galerías a la legislación, aunque la empresa eludió el cumplimiento de esa orden y no abonó la sanción económica que se le impuso por ese motivo. El Tribunal Superior de Galicia acabó por ordenar en 2008 el derribo del edificio.