El Ayuntamiento iniciará hoy los trámites para cumplir las resoluciones judiciales que obligan a derribar el edificio de 16 viviendas situado en el número 13 de la calle San Roque de Afuera, en primera línea del paseo marítimo. La licencia de reforma del inmueble, concedida en 2002 por el Concello, fue declarada ilegal en 2008 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La concejalía de Rexeneración Urbana trasladará hoy a la Junta de Gobierno Local la propuesta para la demolición del bloque después de que sus técnicos hayan certificado que el inmueble ocupa toda la parcela cuando solo podría ocupar el 70% en plantas superiores a la baja y que los vuelos de la fachada sobresalen más de lo permitido.
El Concello responde así a la providencia emitida la semana pasada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 en la que le requiere que "aporte certificación sobre el estado de ejecución de la sentencia". Ayer, el Concello aseguró que es "precipitado" determinar si el derribo será total o parcial. "Esperamos ir de la mano del juzgado para concretar la forma", aseguraron fuentes municipales.
Tras ser aprobado por la Junta de Gobierno, el órgano judicial recibirá el informe realizado por los técnicos de urbanismo, quienes concluyen que el edificio resulta incompatible con el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) vigente. El Ejecutivo local informó ayer que, tras "analizar la configuración del inmueble", los especialistas determinaron que para dar cumplimiento a la sentencia del TSXG y a los autos posteriores "solo cabe proceder a la reposición de la realidad física alterada por la ejecución de las obras amparadas en la licencia anulada a su estado original mediante la demolición del edificio".
El informe que apunta como única solución para acatar los fallos judiciales el derribo del bloque fue encargado por el alcalde, Xulio Ferreiro, el pasado mes de mayo, cuando el juzgado desestimó el recurso interpuesto por el Concello contra el auto dictado en octubre de 2016, en el que el organismo concedía un plazo de seis meses al Ayuntamiento para presentar un proyecto de demolición y ejecutarlo o bien remitir un plan para obtener licencia de edificación. La juez daba al alcalde el plazo de un mes para que acreditase "el comienzo de la ejecución de la sentencia". La unidad judicial advertía al regidor de que transcurrido ese plazo se le impondría "la primera multa coercitiva de 1.500 euros" y de que se procedería a dar traslado al Ministerio fiscal por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia.
El Gobierno municipal dará hoy el primer paso para la contratación de la redacción del proyecto de demolición y la ejecución de las obras, así como para la tramitación de la modificación presupuestaria necesaria para la financiación de estos trabajos. El Concello indicó ayer que el acuerdo "para el derrumbe del inmueble" será notificado a los propietarios afectados, al tiempo que advirtió de que contra él "no cabe recurso administrativo por tratarse de un acto dictado para dar cumplimiento a autos judiciales".
Propietarios
El alcalde esta semana señaló que la "única forma" de cumplir la sentencia del TSXG era demoler por completo el bloque o adaptarlo al plan general actual, "lo que supone entre el 30% y el 40%" de su volumen. Los propietarios se aferran a ese derribo parcial al que hizo mención Ferreiro para evitar "la vía más traumática". El letrado que representa a la comunidad, Francisco Mateos, advierte de que se opondrán en el juzgado a la solución del Ayuntamiento si solo plantea la demolición total. El abogado apuesta por modificar el inmueble para obtener una nueva licencia. Para ello, plantea partir del permiso concedido en 2015 por la anterior Corporación local, del PP, para la legalización de las viviendas. Esa licencia fue rechazada por el juzgado en octubre del año pasado, pero el letrado sostiene que el proyecto es "una base".
"Yo no interpreto que la juez lo rechace. Se podría modificar si tiene algún defecto, ya que considera que solo afecta a parte del edificio, pero puede extenderse a todo", indica Mateos, al tiempo que adelanta que los propietarios, si el Ayuntamiento opta por el derrumbe, exigirán garantías de ser indemnizados, tanto por los realojos como por los daños patrimoniales. "Compraron los pisos confiados en que no había ningún problema, no constaba nada en el registro de la propiedad, y ahora sufren las consecuencias de algo mal hecho por el Concello, que es el único responsable", destaca el abogado. Los afectados compraron los pisos, de entre 100 y 60 metros cuadrados, en 2004. Por algunos firmaron hipotecas de hasta 300.000 euros.
