El PP recurre la adjudicación de la gestión de la antigua cárcel

Gallego, junto al diputado en el Congreso y edil Miguel Lorenzo y la concejala Lucía Canabal, entregó esta mañana la documentación relativa a este recurso de reposición para pedir la nulidad de la adjudicación del concurso sobre cesión de usos y espacios de la prisión para el desarrollo de proyectos de dinamización cultural y sociocultural a la Asociación Proxecto Cárcere.

El alcalde, Xulio Ferreiro, declaró esta misma mañana que el procedimiento de adjudicación fue "intachable desde el punto de vista legal" y se mostró convencido de que el recurso del PP "no va a prosperar". También calificó de "curioso" que el PP anunciase esta iniciativa en el día anterior a la reunión que mantendrá con el presidente de Puertos del Estado sobre el futuro de los muelles.

El PP solicita que, en cualquier caso, este proceso quede suspendido mientras no se resuelva el recurso, según ha explicado Gallego. En su opinión, la citada adjudicación confirma que Marea "utiliza el Ayuntamiento como una sucursal para dar contratos a dedo", pues en el presente caso ve "irregularidades de principio a fin" con unas "bases totalmente a medida".

Durante su intervención ha detallado que hubo reuniones previas a la publicación de las bases desde 2016 y que, posteriormente, "las bases las elabora y las firma única y exclusivamente" la concejala de Participación, Claudia Delso, algo que considera poco habitual porque suelen rubricarlas los funcionarios.

Esta edil tenía, según Gallego, una asesora que integraba el Proxecto Cárcere y después formó "un comité a medida para valorar las ofertas", en el que había un persona que "formaba parte de Proxecto Cárcere desde el principio", en 2010.

A continuación el concejal de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Xiao Varela, anunció la adjudicación sin que esta se hubiese producido: "Es un procedimiento con un cúmulo de irregularidades inexplicable", ha declarado la portavoz del PP. El Gobierno local tiene tres meses para resolver el recurso y, si no lo hace, el Partido Popular anuncia que irá a la vía judicial, en concreto a un proceso contencioso-administrativo, si bien no descarta acudir a la vía penal.

"Hay un conflicto de intereses claro. Un asesor tenía que haberse abstenido y Claudia Delso no tenía que haber resuelto. Hay que valorar emprender acciones de otro tipo", ha continuado.Rosa Gallego cree que en este caso "se ve claramente que querían hacer un convenio con Proxecto Cárcere", pero como "no se pudo hacer porque va a hacer una actividad que tiene ánimo de lucro", el Ejecutivo local optó por esta vía, que considera que no se ajusta al procedimiento.