29 de octubre de 2017
29.10.2017

Objetivo San Diego 2022

Xunta y Puertos aplazan la operación inmobiliaria a una fecha condicionada por el pago del crédito de Langosteira, su tren y un nuevo mandato en María Pita. Defensa do Común prepara manifestaciones

29.10.2017 | 13:34
Instalaciones del muelle petrolero de San Diego, con la ciudad al fondo.

Una solución para Batería y Calvo Sotelo con San Diego en el horizonte. El acuerdo de Puertos del Estado y la Xunta, a espaldas del Concello, garantiza que los muelles del centro serán públicos pero se basa también en la venta de las dársenas vecinas a los barrios de Cuatro Caminos y Os Castros para ir saldando la elevada deuda por el puerto exterior en previsión de que punta Langosteira no sea aún capaz de autofinanciarse en los próximos años. Tras anunciar el pacto, Alberto Núñez Fejóo fijó en 2020 el desarrollo de estas dársenas. El presidente de Puertos, José Llorca, lo enmendó esta semana y alargó el programa a 2022, una fecha en la que el tren tiene que estar en marcha, la mudanza de Repsol en su recta final y en la que comienzan los grandes pagos de la Autoridad Portuaria a Puertos del Estado por el crédito, pasados ya los comicios locales, aunque también los generales y autonómicos.

Para Puertos del Estado y la Xunta, el acuerdo para San Diego, ahora mismo, no corre prisa. El Concello, sin embargo, apuesta por una solución global y sospecha que los Gobiernos portuarios y gallego han alcanzado un pacto para alargar el plazo sobre los muelles de San Diego, donde el plan general permite unas cuatro mil viviendas, para que haya una coyuntura política más favorable a sus intereses, ya que la venta no puede realizarse sin la intervención del Concello. Las elecciones municipales serán en 2019, un año antes que las gallegas y las estatales, si los cursos políticos se desarrollan con normalidad.

La memoria que acompaña a las cuentas de Puertos del Estado de 2016 recoge que firmó, con la Autoridad Portuaria coruñesa, una addenda al convenio de 2011 para reducir las cuotas de amortización del crédito durante los primeros años (en el anterior se fijaban sesenta cuotas iguales semestrales). Hay que pagar, en total, 200 millones de euros. El convenio tiene un periodo de carencia de 10 años y un plan de pagos de tres décadas. Según la reestructuración de esa deuda para dar facilidades a la Autoridad Portuaria, en 2021 se comenzarían a pagar las grandes cuotas (en este momento solo se abonan intereses). Ese año se tendrán que pagar dos millones de euros; pero entre 2022 y 2025 ya serían cuatro millones de euros; de ahí el interés de la Autoridad Portuaria en que la operación inmobiliaria de San Diego de sus frutos a partir de tal fecha.

El presidente de Puertos, José Llorca, aseguró tras su encuentro con el alcalde, Xulio Ferreiro, el pasado martes, que legalmente no es posible aplicar una quita a la deuda del Puerto coruñés, a lo que el regidor respondió que se había hecho con las autopistas madrileñas y que es posible buscar una fórmula en el caso de querer hacerlo.

2022 es también una fecha en la que, si se cumplen los plazos que nunca se han cumplido, estaría en marcha el tren a punta Langosteira. Tal y como demandó el Pleno en sus mociones, Puertos del Estado anunció esta semana que no tendrá que ser financiado por la endeudada Autoridad Portuaria coruñesa a través de un nuevo crédito, que sumaría más de cien millones a lo que está retornando al Banco Europeo de Inversiones y al Estado central. Su puesta en marcha es imprescindible para el traslado de algunos tráficos, por lo que no harían las maletas para irse a Arteixo hasta ese momento. Entre ellos, parte de los de Repsol.

La primera fase de la mudanza de la petrolera prevé completarse el próximo año y el plan de empresa del Puerto planificaba negociar la segunda a lo largo de este año. No se haría efectiva, por lo menos, hasta abril de 2021 porque, una vez que se consume el traslado, habrá que esperar un año para la descontaminación de los terrenos.

La transformación de los muelles interiores, el gran proyecto de futuro de la ciudad, lleva desde 2004 sometido a vaivenes políticos y enfrentamientos partidarios. El año 2022 podría proporcionar al acuerdo de Xunta y Puertos otra coyuntura para su ejecución, una de las razones que ha puesto en alerta al Gobierno municipal, después de que Núñez Feijóo anunciase este pacto capital para el futuro de la ciudad en la Delegación del Gobierno y que aún no haya llamado al máximo responsable municipal para comunicarle su contenido.

Con el desarrollo de Batería y Calvo Sotelo como zona pública portuaria, se evita tener que desarrollar el plan general, un trámite que necesita el apoyo de la mayoría del Pleno. Pero este aval y la negociación son impepinables si se persiste en la idea de vender San Diego. Por tanto, necesitan de un consenso con el Ayuntamiento que parece lejos de alcanzarse, sobre todo tras el anuncio de Núñez Feijóo y de las reuniones que mantuvo con Puertos mientras Llorca aplazaba una y otra vez su encuentro con el Gobierno local.

Manifestación en diciembre

La Comisión Aberta en Defensa do Común, cuya convocatoria de manifestación en mayo reunió a cuatro mil personas en las calles por los muelles, anunció ayer en un comunicado una movilización para diciembre "contra la subasta y privatización del hotel Finisterre". El ente rechaza los acuerdos anunciados por el presidente del Gobierno autonómico y que "no se garantice la devolución al Ayuntamiento de los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego", además de "no concretar nada sobre el uso de los mismos". La próxima semana entregarán una moción para el Pleno a todos los grupos y prevén iniciar "una serie de actividades que podrían culminar en una gran manifestación antes de que acabe 2017".

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