El cobro de multas a conductores residentes en otros municipios volvió a ponerse en marcha este año en A Coruña después de haberse paralizado en 2016, ya que el Concello solicitó hasta junio a la Diputación, a la que encomendó esta tarea en 2012, la recaudación de sanciones por la vía de apremio cuyo importe es de 1.031.910 euros. La cantidad supera ampliamente la estimada para todo el año, situada en 767.000 euros, por lo que el interventor municipal calcula que para la segunda mitad de 2017 se alcanzará una cifra similar.

La cifra cuyo pago reclamará la Diputación a los infractores no será sin embargo la que obtenga finalmente el Concello, ya el organismo provincial no consigue cobrar todas las multas y, además, exige el abono de una cuota por cada sanción que tramite.

El año pasado el Concello no remitió a la Diputación ninguna de estas sanciones, que se propuso cobrar desde 2012 como parte del plan de ajuste económico diseñado por el Gobierno local del Partido Popular para reducir el gasto y aumentar los ingresos. El plan era la contraprestación exigida por el Gobierno central al crédito de 7,6 millones de euros que concedió al Concello para que dispusiera de liquides y que fue cancelado el pasado mes de julio con el abono de los 5,08 millones que estaban pendientes de pago.

El organismo provincial podía recibir multas que el enviara el Ayuntamiento desde mayo de 2012, pero a lo largo de todo ese año solo fueron dos las sanciones remitidas por importe de 210 euros, lo que hizo imposible cumplir la previsión de recaudar 767.000 euros en ese ejercicio. Al año siguiente la situación mejoró, ya que se obtuvieron 140.000 euros por las infracciones de tráfico cometidas por conductores foráneos, aunque la cifra aún estaba muy lejos de las estimaciones realizadas al poner en marcha el plan de ajuste.

Las multas por valor de 914.000 euros que se enviaron en 2015 dieron un vuelco a esta gestión, pero al año siguiente se interrumpió sin que se haya aportado una explicación por parte municipal. La reactivación de esta recaudación y el fuerte incremento experimentado durante la primera mitad de este año hacen concebir que al terminar 2017 se alcance una suma que rebase con creces los cálculos efectuados cuando se traspasó esta labor a la Diputación.

Las sanciones impuestas a los forasteros no son las únicas que no gestiona directamente el Concello, ya que en 2014 traspasó la tramitación de las multas aplicadas a los conductores coruñeses a la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa). La justificación aportada por el Gobierno local de ese momento fue que la media de multas que se cobraban era del 48% y que con el encargo a Emvsa se esperaba alcanzar el 70%. La dificultad para conseguir el pago de estas sanciones impidió al Concello recaudar 10,9 millones de euros entre los años 2007 y 2012.

Tras los cambios realizados en la gestión de las multas, la recaudación llegó a los 4 millones de euros en 2015, aunque al año siguiente, en el que no se solicitó el cobro de las impuestas a residentes fuera del municipio, descendió a 3,1 millones.