La Xunta y Puertos del Estado han decidido afrontar la reordenación de los muelles a espaldas del Ayuntamiento. El anuncio del presidente gallego y el del ente de Fomento, aún sin concreción en el protocolo anunciado hace un mes, sugiere más un juego político para apartar al rival que un compromiso efectivo con la ciudad; más un intento de desactivar los efectos de la reunión de Puertos con el Ayuntamiento que se celebraba quince días después que de buscar una alianza ante el mayor reto urbanístico que encara A Coruña. Y con el error añadido de aplazar a 2022 la decisión sobre los muelles de San Diego y Petrolero (el 80% de la superficie desafectada) con la excusa de que hasta entonces el Puerto no debe hacer frente al grueso de su deuda de 300 millones de euros por Langosteira.

No estaría mal, por una vez, adelantar la búsqueda de soluciones antes de que el problema -la deuda- se nos eche encima. Permitiría planificar y evitaría decidir con el condicionante de una gran losa económica ya sobre el Puerto. Al Ayuntamiento, a quien corresponden competencias fundamentales en el urbanismo de la ciudad, no se le puede relegar en esta decisión ni esta se debe tomar exclusivamente en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria porque no solo atañe al Puerto, sino a toda A Coruña.