La Xunta y Puertos del Estado anunciaron el pasado 10 de octubre, sin contar previamente con el Ayuntamiento, un acuerdo por el cual los muelles de Batería y Calvo Sotelo y el complejo deportivo de La Solana mantendrán su carácter de suelo público en manos de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Esa condición urbanística precisaría de un protocolo para materializarse oficialmente, que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció "para las próximas semanas". Casi dos meses después de haber avanzado ese paso, las administraciones autonómica y estatal aún no han dado a conocer detalles de ese protocolo, en el que de momento "trabajan" sin saberse tampoco en qué fase están, según comentó ayer el presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, en la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial.
La decisión acordada por Feijóo y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, dejó los dos muelles urbanos y La Solana fuera de las operaciones de venta del suelo portuario para financiar la dársena exterior de Langosteira, como reflejaba inicialmente el plan de empresa del Puerto de 2016. Sin embargo, resultó contraria a la propuesta del Gobierno local, que pretendía adquirir la parcela del complejo deportivo por 1,4 millones de euros, el precio fijado en su día para su salida a la subasta que promovía la Autoridad Portuaria.
El Puerto se opone al proceso de recalificación de La Solana como terreno público que emprendió en febrero el Concello después de que el Gobierno anterior, del PP, retirase esa condición y lo convirtiese en suelo privado. Este aspecto, así como los usos que, como patrimonio público, tendrían los muelles de Batería y Calvo Sotelo -para los que el planeamiento urbanístico autoriza a construir equipamientos comerciales y hoteles-, deberían recogerse en el protocolo que Puertos y la Xunta elaboran, del que se desconocen los plazos pese a la proximidad con la que lo anunció Feijóo a comienzos de octubre.
El presidente de Portos de Galicia constató en la comisión del Parlamento, en la respuesta a una pregunta del grupo de En Marea, que otra actuación fundamental que concierne el Puerto coruñés, la conexión ferroviaria a punta Langosteira, sufre retrasos en su tramitación. Durán señaló que el estudio informativo y el proyecto de ejecución del tren, que se esperaba que estuvieran terminados en el verano de este año, "no está concluido". Fuentes de la Autoridad Portuaria añaden que tanto el informe como el proyecto ejecutivo, adjudicados en junio de 2016 con un plazo previsto de once meses, se encuentran en "la última fase" y están "a punto" de ser entregados.
Una vez finalizados estos pasos, y aprobada desde el mes de junio pasado la declaración de impacto ambiental, habrá que licitar las obras del enlace ferroviario a punta Langosteira, que en el mejor de los casos, según las previsiones hechas por el Puerto, estarían rematadas a finales de 2021.
El presidente de Portos admitió que la Autoridad Portuaria y la Xunta han "iniciado gestiones" para que el Gobierno central asuma y ejecute la conexión del tren a partir del próximo año. "El Puerto no tiene más capacidad de deuda y el Estado es sensible a esta situación", comentó Juan José Durán, aunque aclaró que la pretensión de que Puertos se haga cargo de toda o parte de la deuda de la entidad coruñesa es "inviable" porque las autoridades portuarias "deben tener capacidad de autogestión".
El viceportavoz de En Marea en el Parlamento, Antón Sánchez, criticó la falta de garantías de financiación para la infraestructura ferroviaria, reclamó saber si se hará con fondos estatales o europeos y el modo en cómo se ejecutará, y deseó que "no se demore mucho". "Ni plazos, ni dotación presupuestaria, ni fórmulas de financiación, lo que junto con que no haya previsiones de inversión en el Plan 2017-2021 de Accesibilidad, sume esta obra en una enorme incertidumbre", denuncia En Marea.
