El claustro de la Universidad aprobará hoy la programación económica de la institución para los dos próximos años, en la que figura una propuesta de presupuesto de 2018 con un montante de 123,2 millones de euros, cifra que supone un incremento del 3,1% sobre la de este ejercicio. A pesar de este incremento, aún queda lejos el presupuesto de 2009, en el que se llegó a los 137,8 millones.

Desde entonces se produjo un descenso en las cuentas que solo comenzó a corregirse en 2015, aunque siempre de manera muy leve, lo que obliga a la Universidad a mantener la contención del gasto corriente y a limitar de forma importante sus inversiones, que el próximo año descenderán un 9,7%. El rectorado considera que los problemas presupuestarios afectan "al funcionamiento diario" de la institución, así como a todos sus integrantes, tanto estudiantes como profesores, investigadores y personal de administración y servicios.

Buena parte del aumento previsto en el presupuesto de 2018, que tendrá que ser aprobado por el Concello Social en su próxima reunión, radica en la revisión aplicada en el cálculo del coste estándar del fondo estructural que la Xunta efectúa para financiar a las tres universidades gallegas.

La sentencia favorable obtenida por la coruñesa en el recurso presentado por la financiación del periodo 2010-2015 hace que la institución vaya a recibir 4,2 millones en mensualidades que se abonarán durante los próximos tres años, a lo que se sumará que el coste estándar para 2018 será de 70,1 millones, 3,7 más que el presente año, gracias al nuevo sistema aplicado para establecerlo. Ese incremento se destinará a lo que la Consellería de Facenda denomina como "recuperación del fondo retributivo", que consiste en la mejora de las pagas extras de los trabajadores aprobada este año. También se beneficiará la Universidad de la mejora en la ponderación de los complementos retributivos y en el panel de indicadores, mediante la que se obtendrán 20,7 millones gracias al progreso obtenido en la actividad investigadora y en la transferencia de sus resultados a las empresas.

El gasto de personal aumentará un 2,1% para alcanzar los 92,2 millones, lo que supone el 74,7% del presupuesto, aunque está por determinar si el Gobierno central aprueba una subida de los salarios de los funcionarios, lo que podría modificar estas cifras. Los gastos corrientes sumarán 15,5 millones, con lo que crecerán un 7,56% debido al aumento de los costes de conceptos como los seguros, los mantenimientos, la seguridad, los combustibles y la jardinería, aunque también lo harán porque los fondos bibliográficos adquiridos pasan ahora a incluirse en este capítulo en la contabilidad universitaria en lugar de como inversiones.

Las transferencias corrientes serán de 4,6 millones y también están afectadas por ese cambio, ya que la partida para el consorcio de bibliotecas se consigna ahora en este capítulo, que también incluye becas, bono-bus, residencias, movilidad, actividades culturales y deportivas.

Las limitaciones presupuestarias tienen su principal reflejo en el capítulo de inversiones, que tendrá una cuantía de 9,9 millones, con un descenso del 9,7%, motivado entre otras causas por la previsión de unos menores ingresos a través de los convenios que la Universidad suscribe con otras instituciones. Esas mismas restricciones son la explicación de los exiguos activos financieros del próximo ejercicio, de 589.000 euros, a pesar de que suponen un 20,1% sobre los de este año. Los problemas de liquidez que se padecieron en 2015 hicieron que esos recursos se redujeran de forma sustancial.

El rectorado prevé además elaborar en 2018 el plan estratégico para los campus especializados que recibirán la denominación de Innova y Sustentabilidade, cuyo objetivo es mejorar la oferta académica y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Ese documento definirá las líneas de investigación y de transferencia científica, así como las áreas de interés formativo y académico.